Competitividad de las empresas IMMEX
Ante la reciente decisión del presidente estadounidense, Donald Trump sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el licenciado Carlos E. Palencia Escalante, Socio Director en CEO, analiza la regulación de las empresas con programa IMMEX, y diversos aspectos que han tenido que ver con el rezago en su competitividad en el país, y algunas sugerencias para reactivarla, incluso observa diversas cuestiones fiscales inherentes a las operaciones de estas empresas.
Contexto global
Los cambios en materia económica y comercial, tanto en México como en otras naciones –a raíz del TLCAN en el primero y de la OMC en las segundas–, han sido tan marcados en los últimos años que es imposible ignorarlos; también, por la reconformación del nuevo gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) y la estrategia para reestructurar su planta laboral, redefinir su industria y re-balancear su comercio exterior, es por ello que debemos ver más allá del corto plazo, y encontrar soluciones completas o de alcance global para el desarrollo nacional-regional.
Como se hace en las IMMEX, tengamos en mente que el desarrollo de cualquier región o país depende, por mucho, de la capacidad de la gente, de la disposición de recursos, incluso de la institucionalidad administrativa social y política; las diferencias en estos factores dificultan el progreso.
Con base en lo anterior se plantea la siguiente pregunta ¿continúa la carga regulatoria siendo un obstáculo a la competitividad y mayor creación de compañías de este tipo?
La respuesta a este cuestionamiento es definitivamente sí.
En un momento en que nuestro país está enfrentando mayor competencia de China y de las naciones de América Central, los empresarios en México aún tienen limitaciones microeconómicas serias, en particular excesivas formalidades administrativas que afectan la asignación de recursos, la innovación y la productividad al incrementar el costo de hacer negocios.
Antes de tocar la normatividad de las empresas IMMEX, se mencionan algunos ejemplos para demostrar el rezago de México en la implementación de una regulación que favorezca su competitividad. En primer lugar, en nuestra nación los tiempos y costos para iniciar una compañía son todavía altos en comparación con los de esa nación asiática y de algunas de Latinoamérica; y tratándose de aquellos para obtener una licencia de construcción son más largos que en Colombia y en Chile, situaciones que impactan en la inversión o en las decisiones que los inversores deben enfrentar mientras tratan de aumentar su presencia o participación en el mercado.
En segundo lugar, en relación con el registro de propiedad, tenemos tantos procedimientos como en Australia e Irlanda, pero toman más tiempo. De la misma manera, en México los costos para registrar propiedades son excesivos, lo cual alienta las transacciones informales, provoca que el registro de propiedad este desactualizado y reduce la disponibilidad de garantías para compañías que pretenden acceder a financiamiento. Por último, las reglamentaciones impositivas son lo suficientemente complicadas como para que al empresario promedio mexicano le tome hasta 400 horas por año para pagar impuestos.
Lo antes ejemplificado deja ver los costos asociados con el complejo marco normativo, los procedimientos empresariales no transparentes y las estructuras judiciales débiles siguen siendo factores que actúan en contra de la competitividad y que por tanto inhiben la inversión, pues crean costos indirectos que limitan la capacidad de los mexicanos de competir con otras naciones, se traducen en pérdidas de empleos y provocan que México crezca por debajo de su potencial.
En este contexto, conviene plantearse ¿qué se requiere hacer para avanzar en materia de competitividad? La solución ciertamente no es única, pero entre otras medidas se debe:
- eliminar, reemplazar o mejorar los procedimientos que imponen grandes cargas a los empresarios (inicio de operaciones, licencias, empleo, incluso la impositiva, por mencionar algunos)
- agilizar la interacción empresarial con el gobierno, a modo de reducir la incertidumbre e implementar conjuntamente medidas que favorezcan la eficiencia
- fortalecer el papel de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) frente a las instituciones que emiten las regulaciones (incluso ante las determinaciones de la SHCP), así como la presencia del sector privado en aquellas que afectan el costo de hacer negocios
- armonizar la reglamentación entre los diferentes niveles de jurisdicción, siendo para ello importante diagnosticar las limitaciones condicionantes en los niveles municipal y estatal con el propósito de reconocer las diferentes fuentes de pérdida de competitividad de industrias específicas o cadenas de valor. Un examen comparativo entre los estados y los municipios podría ayudar a conocer las mejores prácticas e impulsar la agenda de reducción de costos en ese aspecto, y
- aminorar el tiempo y los costos de las operaciones de negocios correspondientes a las regulaciones de inicio, registro de propiedad, cumplimiento de contratos y acceso al crédito, entre otros, aunque también, como veremos más adelante para las IMMEX, los lineamientos para su continuidad y diaria operación
IMMEX, por demás, controladas
Este tipo de empresas, productivas y competitivas pese al entorno que le impone la regulación por la desconfianza gubernamental –avalada en no pocas veces por la propia iniciativa privada–, demanda enfrentar una larga y complicada serie de ordenamientos fiscales, aduaneros y de comercio exterior. Lo peor de todo es que más de una autoridad o área dentro de una dependencia gubernamental solicitan la misma información a la IMMEX.
De corte administrativo se les pide a las compañías, por ejemplo, demostrar un contrato de maquila y/o pedidos en firme; indicar los datos de los accionistas y socios, así como del representante legal; dar a conocer de forma detallada los procesos productivos (o servicio) incluso de la capacidad productiva instalada para comprobar que se tiene la capacidad y en concordancia con lo que se importa.
Pero por si no fuera suficiente, debe darse fe del contrato de sociedad y, en su caso, el sistema de administración y comunicar las modificaciones de socios, accionistas o representante legal; acreditar que tiene un sistema de control de inventarios, automatizado y, por supuesto, a disposición de la autoridad; cuando se trate de inversiones, entregar la información referente a las instalaciones (planos), ubicación y fotografías en donde se desarrollarán las operaciones, además de señalar el monto de la inversión canalizada a los bienes inmuebles, maquinaria y equipo…
… Y la lista continúa. Informar constantemente el número de personas contratadas directa o indirectamente, mes a mes y anualmente (reporte estadístico al INEGI); y presentar un reporte anual sobre ventas y exportaciones referidas al ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el último día hábil de mayo; no observar estos compromisos es causal de baja del programa.
Lo anterior es en términos administrativos; hay otros requerimientos en materia de comercio exterior y aduanas. A continuación algunos ejemplos:
- cubrir o determinar los impuestos de importación
- administrar un archivo electrónico de comercio exterior; el destino, donación, destrucción, cambio de régimen, transferencia y regularización de los desperdicios; la trasferencia de bienes entre empresas IMMEX, y
- mostrar los pagos del medio de transporte usado, los gastos incurridos para el traslado, los documentos de ese movimiento, los registros o controles de salida física de la mercancía del almacén, etc.
Lo fiscal no se queda afuera, la regulación es estricta. Independientemente de exhibir la declaración anual (para lo que se necesita un RFC activo y la e.firma), se debe contar con opinión positiva (por el SAT) sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales; exhibir una declaración especial llamada DIEMSE –Declaración Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de Exportación–; que los ingresos sean diferenciados, segmentados, en términos contables, así como los costos y gastos por la operación de maquila; al igual que para los inventarios de mercancías, contar con un sistema de control de cuentas de créditos y garantías con referencia al IVA y al IEPS, entre otros requisitos.
Como se mencionaba al principio, estos ejemplos y otros más hasta llegar a casi 80 (sí, ochenta) reflejan una carga regulatoria–administrativa que, directa o indirectamente, afecta la competitividad de las IMMEX y por supuesto trastoca el objetivo inicial de manufacturar y exportar con un programa de fomento al comercio exterior.
¿Cuándo y porqué se perdió el objetivo de fomento, ocasionando que el número de empresas bajo un programa de exportación no hubiera crecido consistentemente? ¿Por qué el número de compañías al cierre del año pasado es similar al de inicio del 2009? ¿Por qué no trabajar en un re–empadronamiento?
| Periodo
|
Manufacturas
|
No Manufacturera |
Total
|
| 1982 IME
|
0
|
0
|
585
|
| 2006 IME
|
0
|
0
|
2,805
|
| IMMEX 2008
|
5,207
|
890
|
6,097
|
| 2009
|
5,214
|
979
|
6,193
|
| 2010
|
5,108
|
1,090
|
6,198
|
| 2011
|
5,079
|
1,103
|
6,182
|
| 2012
|
5,104
|
1,148
|
6,252
|
| 2013
|
5,142
|
1,214
|
6,356
|
| 2014
|
5,020
|
1,126
|
6,146
|
| 2015
|
5,006
|
1,089
|
6,095
|
| 2016
|
5,018
|
1,074
|
6,092
|
Aunque el modelo lleva poco más de 50 años operando, en términos generales hay dos momentos disruptivos que cambiaron drásticamente el programa de fomento que se consolidó por el hoy cuestionado TLCAN:
- al fusionarse la normatividad de los programas de la inicial Industria Maquiladora de Exportación (IME) con los programas Altex y Pitex en noviembre del 2006 (lo que hizo que se comportaran como IME, cuando fiscalmente su tratamiento era distinto), y
- el segundo fue en diciembre de 2013 cuando se estableció el deber de erogar el IVA en importaciones temporales a partir del 1o. de enero del 2015. Fue a partir de esa segunda medida –el pago de impuestos para importaciones temporales– que surgió la figura de empresa certificada en materia IVA/IESPS para demostrar a la autoridad su alto grado de confiabilidad, compromiso y fidelidad al esquema de importaciones temporales, como base del modelo de negocios
La disrupción más allá de un dato, puede indicar que en realidad las empresas operando como maquiladoras, lo que se dice “puras”, forman prácticamente el universo original. Atrás de esto puede estar el hecho de que al 24 de abril 2017, 57.65 % de las 6,141 establecimientos IMMEX cuentan con certificación para el tratamiento de IVA/IESPS y con ese grupo puede estar cubriéndose más del 85 % de las exportaciones. Entonces, la pregunta obligada es: ¿las restantes 2,611 empresas por qué no se certifican?
Replantear el modelo
Si la renegociación, revisión, modernización o como se le quiera llamar al TLCAN genera incertidumbre y cambiará seguramente la forma del comercio exterior mexicano, también será férrea la competencia internacional, no obstante las ventajas comparativas y competitivas con las que cuenta México y con independencia de la vecindad con el mercado de mayor consumo del mundo. Las empresas IMMEX, por su parte, han ido perdiendo su esencia y han pasado de operar bajo un modelo promotor de exportaciones, a uno de control de importaciones, de supervisión de inventarios y del monitoreo de la producción.
De ahí que sin voluntad política no se vea fácil revertir la tendencia de regulación del modelo, y menos si persiste desconfianza en la operación y transparencia del esquema. Sin embargo, esa insensibilidad –o mejor dicho exceso de sensibilidad de la autoridad y sectores empresariales hacia productos– es que deberá trabajarse de la mano entre compañías, autoridades y legisladores para desregularla sin perder de vista su promoción. Esto porque además estamos viviendo una indefinición internacional tanto en proteccionismo como en medidas unilaterales para la atracción de capitales, procesos, empleos y empresas a fin de que se reubiquen en su país de origen.
La situación de neo-globalidad demanda para las corporaciones en México de manufactura global, un programa de largo plazo, un esquema que evite el éxodo de la planta productiva y la consecuente caída de empleos; para ello se requiere una vez más un enfoque objetivo para:
- implementar un programa competitivo de incentivos a nivel global, y
- simplificación administrativa, para evitar sobre regulación
Por último, la reformulación del modelo IMMEX ha de ser bajo la premisa de que ninguna política pública debe resultar dañina, porque su propósito es el de mejorar condiciones, no lo contrario.
Entonces, la reformulación del modelo IMMEX ha de ser bajo la premisa de que ninguna política pública debe resultar perjudicial, porque su propósito es mejorar condiciones, no lo contrario.
Horizonte fiscal
Es oportuno retomar el tema fiscal. El esquema de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) exenta parcialmente del pago del ISR y del acreditamiento del IVA a sus importaciones temporales.
En este sentido, el sector maquilador-exportador se ha de concebir en la dinámica globalizadora que incentiva inversiones globales y genera conocimiento local propio. Esta es una condición muy diferente a gravar, por ejemplo, la evasión y la informalidad; estudios relacionados con “crecimiento endógeno” señalan que no solo la exención fiscal a los exportadores incrementa el crecimiento del producto agregado en el largo plazo, sino que, hasta los estímulos bien aplicados al sector exportador aumentan el valor agregado, tal es el caso de las economías exitosas del este asiático y/o de China.
Pero volvamos a México. Ante lo que defina hacer nuestro vecino del norte, deberemos efectuar cambios a tiempo, y cuando menos hacer ajustes fiscales, y no mandar un mensaje en el sentido de que las importaciones temporales sigan siendo gravadas para efectos del IVA e IESPS; en pocas palabras, deberá regresarse a la exención del IVA al régimen de importación temporal… esto en tanto EUA no fije un BAT o Border Adjustable Tax; porque se continuó insistiendo hasta hace unos días esa posibilidad.
Por otra parte, existen diversos servicios de exportación que México no ofrece en el exterior, en virtud de la falta de claridad de la legislación en materia del IVA. Algunos servicios pudieran ser prestados por empresas con programa IMMEX autorizado bajo la modalidad de servicios, pero es necesario garantizarles la tasa de 0 % del IVA (exportación) para no trasladar costos innecesarios al residente en extranjero y permitir el acreditamiento del impuesto que se le traslade a las empresas que prestan el servicio. Aunado a lo anterior, pueden existir servicios de exportación que no requieren de manera intrínseca la importación de bienes tangibles para prestarlos; esta situación también debería observarse y regularse.
Además es importante desarrollar un esquema fiscal óptimo que también promueva la formación de cadenas productivas, sobre todo desde un enfoque regional, pues en el supuesto mexicano la crítica recurrente al sector maquilador es el crecimiento exponencial de un sector exportador que no tiene que ver con la economía local, sobre todo con las empresas de menor tamaño.
Estos comentarios vienen a la mesa porque la reforma fiscal es un tema recurrente, no solo en México sino también en otros países importantes como Alemania y EUA, que están discutiendo o discutieron recientemente reformas a su sistema tributario; también, en el país vecino hemos visto en días recientes que el sector del azúcar y fructuosa gozan de importantes estímulos y facilidades para producir y exportar. En nuestro caso, en la IMMEX, el asunto es recurrente porque el sistema, en términos generales, no apoya a la competitividad, es demasiado complejo y para algunos induce a la evasión.
¿Qué más debería replantearse en México para darle viabilidad a las exportaciones de manufactura global en caso de que se consolide la reforma fiscal en los EUA, que a su vez pueda afectar la viabilidad operativa de las empresas IMMEX? Para restaurar su competitividad hay cuatro aspectos generales que seguramente generan ruido:
- modificar la base gravable del ISR para las manufactureras exportadoras a los EUA, como partes relacionadas
- generar un menor margen de utilidad en empresas relacionadas
- adaptar las reglas sobre precios de transferencia sería un tercer factor, y
- ceder la base de recaudación al país que importa productos mexicanos
Pero la reforma fiscal para la IMMEX por sí misma no va a resolver los problemas que imperan en el país, aunque “democratizarla” al resto de la economía debería evaluarse y ser motivo por el cual sea necesaria complementarla con otras medidas de política económica, tales como:
- clara definición y respeto de los derechos de propiedad
- combate a la corrupción pública y privada
- eliminación de los obstáculos legales y regulatorios, como el esquema de empresa certificada
- control de la inflación, e
- incrementar los niveles de educación, entre otros
Así, lo importante no es cobrar impuestos y/o que todos los sectores tributen per se, sino promover un esquema fiscal y tributario que maximice el crecimiento, fomente la productividad, atraiga inversión, genere empleo y provoque derrama económica.
