La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sesión del 10 de mayo, decidió que la Asamblea Constituyente (AC) es parte demandada en las controversias constitucionales promovidas en contra de la expedición y promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, teniendo que comparecer a expresar las consideraciones y los fundamentos jurídicos para sostener su validez.
La propia asamblea reconoció en su escrito de reclamación, que de acuerdo con el último párrafo del artículo sexto transitorio de la reforma constitucional que la estableció, cesó su actividad legislativa, por lo que ya no podría convocarse para crear norma alguna,
Sin embargo, se resolvió que ante la ausencia de disposición expresa que defina al sujeto legitimado para comparecer durante el proceso de transición relativo a la integración de la CDMX como entidad federativa, es la AC la que debe comparecer.
Originalmente, el Ministro Instructor había determinado no tener como autoridad demandada a la AC y sí a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pero los presidentes de ambas impugnaron dicha decisión.
Los recursos de reclamación se declararon parcialmente fundados y se ordenó emplazar a la AC como demandada. Esto debido a las características extraordinarias del caso y su condición inédita por lo que se realizó una interpretación sistemática de la Constitución Federal, y la ley reglamentaria de la materia, y de acuerdo a los principios que rigen las reglas fundamentales de todo procedimieto, se concluyó que la AC que expidió la constitución capitalina, está legitimada para comparecer al juicio correspondiente, y la ALDF solamente tiene el carácter de tercero interesado.
Se confirmó como autoridad demandada al Jefe de Gobierno de la CDMX porque el penúltimo párrafo del artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional referida, le dio la atribución de elaborar y remitir a la AC, el proyecto de la Constitución Política de la CDMX.
