Corte determina constitucionalidad de Ley 3 de 3

Por razones de seguridad, es válido que los servidores públicos no hagan su información pública
 .  (Foto: iStock)

En sesión de este 13 de junio de 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) concluyó que los artículos impugnados de la conocida Ley 3 de 3 son constitucionales.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 70/2016 precisó que es válido permitir que los servidores públicos decidan libremente si harán o no públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados que interpusieron este medio sostenían que los artículos 29, 34 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el tercero transitorio de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción violaban los principios de transparencia y de reserva de ley y que con ello no se combate efectivamente la corrupción.

El proyecto de sentencia discutido por los Ministros, que será adaptado al realizar el engrose de la resolución final con las consideraciones vertidas en sesión, sostiene que es legítimo que los servidores públicos mantengan en secrecía sus declaraciones, ya que no toda la información personal de estos es necesaria y hay datos que pueden poner en peligro su vida o integridad, lo que no justifica que el interés público este por encima de tal riesgo.

La mayoría coincidió en que el derecho a la información pública no es un derecho irrestricto, sino que puede limitarse de manera temporal bajo los casos expresamente señalados en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los funcionarios públicos, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial de la Federación que obtienen salarios de hasta 4.08 millones de pesos anualmente, no estarán compelidos a dar a conocer sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

Originalmente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas o #Ley3de3 establecía que los particulares que recibieran recursos públicos estaban obligados a emitir sus declaraciones y hacerlas publicas, lo cual fue eliminado mediante veto presidencial. El Sistema Nacional Anticorrupción entra en vigor el próximo 19 de julio de 2017.