VIE 29/08
TDC 18.6522
JUE 10/07
INPC 140.7800
MAR 01/07
RECARGOS FEDERALES 1.47%
SAB 01/02
UMA 113.14
Los dos principales despachos de cobranza señalados por malas prácticas fueron el Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada y Muñoz C. y Asociados S.A de C.V
La Condusef brindará asesoría a los usuarios que presenten reclamaciones ante el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), a razón de que la reforma al Código Penal Federal determinó una sanción de uno a cuatro años de prisión y una multa de 50,300 pesos a quien realice cobranza extrajudicial ilegal.
De enero a mayo de este año, el Registro cifró 10,642 reclamaciones derivadas de 30,502 incidencias reportadas, de las cuales 7,524 correspondieron a cuatro causas tipificadas como delito (24%), siendo estos los primeros presuntos delitos notificados por la Comisión.
Las causas tipificadas como delito son las siguientes:
- amenazas, ofensas o intimidación al deudor, familiares o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda,
- envío de documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse de ser representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad,
- gestión de cobranza con maltrato y ofensas, y
- utilización de nombre o denominación que se asemeje a una institución pública
Respecto a los despachos señalados por estas malas prácticas fueron el Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada (3%), Muñoz C. y Asociados S.A de C.V. (3%), Servicios Técnicos de Cobranza S.A de C.V (2%) y Recuperación Crediticia de México S.C. (2%).
Las organizaciones relacionadas con la tipificación de los delitos de enero a mayo 2017 fueron Bancomer, Santander e IXE.
Para recordar
El REDECO es un registro de los despachos relacionados con las instituciones financieras con el fin de cobrar su cartera y es un concentrado de las malas prácticas contra los usuarios.
La cobranza extrajudicial ilegal es un delito que se perseguirá por denuncia del afectado ante la Condusef o el REDECO.
El Código Penal define como cobranza extrajudicial ilegal como “el uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda” originada por créditos o financiamientos.
