La organización compleja de la administración pública puede obligar a tener estructuras de personal muy amplias, con poco margen de maniobra, por lo que una alternativa es la externalización de algunos de sus servicios. Aunado a ello existe la impresión generalizada, que es imposible que los aparatos públicos tengan capacidad para prestar servicios de calidad. Así, en los últimos tiempos ha aparecido con fuerza que determinados servicios públicos o actividades de vigilancia de cumplimiento de ordenamientos legales sean desempeñados por organizaciones privadas.
Con ello se logra la colaboración entre los sectores público y privado en la prestación de servicios, así el contratista es un actor implicado directamente en el resultado de dicha actividad. Incluso por el manejo de recursos públicos, en ciertas asociaciones, se considera que la información contable de estas entidades prestadoras de servicios debería auditarse como parte de la cuenta general de la entidad pública, para evitar la tentación de utilizarla como una estrategia para maquillar resultados contables.
La externalización es una estrategia orientada a mantener, ante la disminución de recursos públicos, el estado del bienestar que debe ofrecer el Estado, sin embargo cuando se externalizan servicios públicos o actividades de verificación que manejan información confidencial de los ciudadanos o servicios básicos se crean serios peligros.
La efectividad de este tipo prácticas parte de reconocer que no es viable reducir la condición de ciudadanos a clientes: los primeros tienen muchos más derechos. Entre la administración pública y la ciudadanía no hay un contrato comercial sino uno social. El que cierta actividad, que conforme a la ley le corresponde a realizar al Estado, se delegue a un particular, no debe atenuar su responsabilidad frente a los ciudadanos, incluso cuando la propia ley le permite delegarla.
Un ejemplo de ello son los servicios fiscales digitales que el contribuyente debe utilizar con proveedores privados para cumplir con las obligaciones que imponen las leyes de esa materia, entre ellas la de expedir los llamados CFDI (comprobantes fiscales digitales por internet). A dichos prestadores se les está obligando a proporcionar una serie de datos e información que ante su vulnerabilidad solo proceden acciones legales que corresponden al quebranto de una relación comercial privada, cuando la contratación de los servicios tiene su origen en una obligación de ley. Otro ejemplo, quizá más claro, son los servicios subrogados en el sector salud, en los que el ciudadano no sabe de manera clara ante y contra quién debe ejercer sus acciones legales por ineficiencias.
La empresarilización del sector público puede provocar aún más corrupción, por la defensa de los intereses particulares y la disminución de las responsabilidades públicas.
Falta planificar (no es lo mismo que legislar) y definir qué servicios pueden ser objeto de externalizacion y cuáles no; y ante todo que la Administración Pública refuerze el control y evaluación de las organizaciones privadas, principalmente si utilizan fondos públicos; además que el ciudadano tenga claro que en todo momento si puede exigir al órgano público su responsabilidad frente a los servicios.
