Excesiva regulación impide que las empresas alcancen su potencial de productividad, por lo que representantes empresariales, académicos y el secretario de Economía coincidieron en la urgencia de generar un ordenamiento para evitar la limitación de la entrada de industrias al mercado y la menoscabo en la creación de empleos.
DIPUTADOS PROPONEN CAMBIOS Y NUEVAS LEGISLACIONES
Durante el foro “La necesidad de una Ley de Mejora Regulatoria”, el titular de la Secretaría de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, destacó que al inicio de la administración se planteó reducir a la “mitad” a un costo de tramitología, por lo que este concepto pasó de 4.25 % al 2.60 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Destacó que la Ley de Regulación derivada de la reforma constitucional permitirá consolidar de manera obligatoria todos los trámites del país en un “catálogo nacional de trámites y servicios”; sin embargo, el proceso estará sujeto a la transparencia y participación ciudadana.
"El avance que se ha tenido en las dos últimas décadas, es gracias a los estados y municipios, ya que con incentivos se logró penetrar y lograr simplificar los trámites, pero el reto ahora es hacer un proyecto conjunto con la Cofemer para homologar las gestiones a nivel nacional”, explicó.
Refirió que en el 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció a México como el país con mejores prácticas de consulta pública en leyes de regulaciones dentro de sus miembros.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Enrique Dávila Flores, explicó que la nueva normatividad pretende propiciar la creación de espacios de desarrollo y competencia económica para suprimir las excesivas cargas regulatorias; garantizar la creación de reglas claras, y contribuir al perfeccionamiento del marco jurídico en todos los niveles de gobierno.
“Tengo la certeza de que la Ley General de Mejora Regulatoria, significará un parteaguas en pro del dinamismo y competitividad del país, al facilitar, reunir y simplificar todo el marco regulatorio de los tres niveles de gobierno”, apuntó.
Señaló que las barreras regulatorias se traducen en la excesiva regulación que impiden el alcance de las metas y los objetivos del desarrollo del país y genera que algunas empresas se limiten a participar en el mercado, y por ende un cobro excesivo de bienes y servicios, una escasa oferta de productos y poca innovación de los estándares de calidad.
Opiniones relevantes
El priista, Carlos Iriarte Mercado, dijo que la reforma “está íntimamente ligada al fortalecimiento de las instituciones”, por lo que el gobierno tiene el reto de reducir la tramitología y crear el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, pues ello “implica detallar la integración de su funcionamiento”.
El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que “en estos tiempos en que diversos factores externos están creando volatilidad, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la lenta recuperación del comercio mundial, es relevante apuntalar la competitividad de nuestro país”, además de que los márgenes de maniobra de las políticas fiscal y monetaria son reducidos.
“Es necesaria una Ley de Mejora Regulatoria para consolidar e institucionalizar los avances logrados en la materia y generar una política de estado; consolidar a los diferentes órdenes de gobierno e involucrar a las entidades federativas en políticas de mejora regulatoria y para facilitar la participación ciudadana en estos ámbitos por medio de un observatorio nacional”.
La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, destacó que el objetivo es aportar propuestas para que el proyecto sea funcional y adecuado, pues “al ser una ley general, es importante que adopte los principios de desregulación a la realidad operacional de cada institución, que se convierten en sujetos obligados”.
Sin embargo, solicitó que se aclare la función de la Cofece respecto a la regulación de insumos esenciales “ya que el proyecto de ley señala que antes de la emisión de cualquier regulación, los sujetos obligados deben dar a conocer a la autoridad de mejora regulatoria estas disposiciones para que se realice en análisis, revisión y consulta pública de la misma”. Asimismo, recomendó las actividades del Consejo Nacional de Mejorar Regulatoria, pues este debe liderar el proceso de transparencia y respetar el ámbito de facultades de cada sujeto obligado.
Sobre las acciones de verificación, apuntó que el proyecto de ley contempla un “Registro Nacional de Visitas Domiciliarias e identificación de los servidores públicos (…) no debe de ser público”, a fin de no ponerlos en riesgo y prevalezca una estricta secrecía.
El director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, aseguró que aplicaron principios y herramientas para la disminución de la carga regulatoria desde diciembre de 2012, pues esta era equivalente a 502,476 millones de pesos (mdp) o 4.25% del PIB, por lo que la meta es disminuirlo en un 25 %, para llegar a un 3.15 %.
“Al día de hoy estamos en el equivalente del 2.63 % del PIB, un ahorro de casi 200,000 mdp”, y los ahorros de las distintas dependencias para eliminar obligaciones regulatorias en el orden fue de 266,000 mdp.
El consejero jurídico del Ejecutivo federal, Misha Leonel Granados Fernández, mencionó que con la ley general se “desea eliminar la existencia de una ventanilla por cada trámite con distintos criterios por parte de los servidores públicos, por lo que se plantea crear un catálogo específico para que las gestiones a nivel nacional sean homologas y accesibles” y brinde certeza jurídica.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afirmó “que para impulsar el crecimiento económico es impostergable tener una Ley General de Mejora Regulatoria, que aliente la competitividad y reduzca los costos de operación, porque se podrían lograr ahorros superiores a 150,000 mdp en México”.
“La iniciativa del Ejecutivo responde a las demandas y propuestas del sector empresarial en los últimos años”, por lo que requirió a los diputados tener como prioridad esta ley en el actual periodo legislativo.
Refirió que el país existen 150,000 regulaciones que implican costos elevados para las empresas, provocando que la economía cayera once lugares en el ranking de los mejores países para hacer negocios.
El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), José Domingo Berzunza Espínola, señaló actualmente 30 estados cuentan con una ley relacionada a la mejora regulatoria y solo cuatro entidades aprobaron instrumentos con principios y prácticas vertidos en la iniciativa.
