Piden traducir ordenamientos legales a lenguas indígenas

Hasta noviembre de 2015, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 8,412 de las cuales 286 son mujeres y 8,126 hombres

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 .  (Foto: iStock)

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín de Morena propuso exhortar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) a que traduzca los ordenamientos legales del ámbito federal a las principales lenguas indígenas del país, y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, realizar campañas de difusión de lo transcrito.

Esto permitirá que los pueblos originarios, en especial la población que sólo habla su lengua madre, conozcan sus derechos y obligaciones en materia federal.

La legisladora refirió en su propuesta que para 2015 el 6.6% de la población de tres años y más en México hablaba alguna lengua indígena, es decir, 7 de cada 100 personas hablaba una de las 72 lenguas indígenas, lo que equivale a 7 millones 382, 785 personas.

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De esta cifra, 13 de cada 100 sólo puede expresarse en su lengua materna, lo que indica que se trata de indígenas que conservan un mayor apego a la cosmovisión y cultura tradicional y es población que está próxima a condiciones desfavorables de marginación en términos de acceso a recursos, educación, salud y justicia.

De acuerdo con lo publicado en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta noviembre de 2015, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 8,412 de las cuales 286 son mujeres y 8,126 hombres.

“El Nuevo Sistema de Justicia Penal, sustentado en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, está orientado principalmente a garantizar un debido proceso, a través de sus características medulares, que al ser acusatorio, oral y público protege el derecho a la igualdad entre las partes”, destacó Hernández Colín.

No obstante, se observa entre que entre las problemáticas relacionadas con los indígenas en reclusión que son independientes de su situación jurídica, se encuentra la falta de información sobre los derechos humanos que les asisten, de intérpretes y/o traductores, así como de defensores que hablen su lengua.