Senado elige a nuevo ministro de la Corte
Juan Luis González Alcántara Carrancá será quien ocupe la vacante en máximo tribunal
Corporativo
El Senado de la República en una segunda ronda de votación eligió a Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por un periodo de 15 años.
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El nuevo integrante del máximo tribunal obtuvo 114 votos, mientras que las otras dos integrantes de la terna propuesta por el ejecutivo federal, Loretta Ortiz y Celia Maya recibieron cinco y cero votos respectivamente.
En la primera votación no se alcanzó la mayoría calificada, requerida para la elección de ministro de la Corte, pues de los 124 senadores presentes, solamente 76 votaron por González Alcántara. Por ello, varios legisladores de diversas fracciones partidistas solicitaron un receso de 20 minutos (periodo que se prolongó más de una hora) para deliberar y acordar la elección porque se necesitaban al menos 82 votos.
González Alcántara sustituye al ministro José Ramón Cossío Díaz, quien integraba la Primera Sala del alto tribunal y salvo alguna cuestión extraordinaria debería integrarse al Pleno de la SCJN el 2 de enero de 2019 y además de ser recibido por sus nuevos colegas deberá participar de la elección para el nuevo presidente de la Corte.
En su comparecencia ante legisladores, González Alcántara afirmó que fue un error la suspensión otorgada en la acción de inconstitucionalidad 108/2018 para evitar la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La terna propuesta generó diferentes cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil y del gremio de abogados debido a la cercanía política de los tres candidatos con el partido político en el poder y en particular con el titular del ejecutivo federal.
La designación de ministro de la SCJN no es un tema menor, toda vez que sus resoluciones tienen un impacto considerable en temas sensibles como los que verá en breve la Corte como es no solo la Ley de Remuneraciones sino otros como el acceso a información bancaria sin orden judicial, cuestiones penales, fiscales, etc.