Aprobada la Política Nacional Anticorrupción
Se establece una agenda que guiará la actuación de las instituciones públicas vinculadas con el tema
Corporativo
Serán 40 prioridades de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) las que se utilizarán de agenda para el Estado mexicano para el combate a la corrupción, luego de que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó por unanimidad la política
Durante la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador, se anuncio que estas acciones serán i
mplementadas por las instituciones públicas del país en el corto, mediano y largo plazoSe combatirá el problema de la corrupción de forma integral a través de cuatro ejes:
- Combatir la corrupción y la impunidad
- Combatir la arbitrariedad en el servicio público
- Promover la mejora de la gestión en los puntos de contacto gobierno-sociedad
- Involucrar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción.
Cada una de las secciones que integran el diagnóstico se dividen a su vez en temas relacionados con los ejes estratégicos y que facilitan su análisis, quedando de la siguiente forma:
Estas con algunas de las prioridades que se buscará lograr:
- Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que acoten espacios de arbitrariedad, y mejoren su transparencia y fiscalización
- Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción
- Impulsar la consolidación y evaluación a escala nacional de los procesos de armonización contable, así como de mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera, y que aseguren la generación de ahorros presupuestarios
- Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo de proyectos de investigación y la articulación de redes ciudadanas que contribuyan al combate de la corrupción desde la sociedad civil y la academia
La Política Nacional de contra la Corrupción tiene múltiples puntos de convivencia con el programa nacional del combate a la corrupción y la impunidad, así como con las nuevas obligaciones que se establecen en el Artículo 27 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia anticorrupción.