Riesgos del Paquete Económico 2023

Desde el momento en el que se dio a conocer el paquete económico 2023 en septiembre pasado el CEESP, entre otros organismos y especialistas, expresó su preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que la proyección de los ingresos públicos para financiar el gasto propuesto se elaboró bajo supuestos optimistas, sin la necesidad de planear un déficit “excesivo” que implicase un aumento importante de la deuda pública como porcentaje del producto interno bruto.

En ese sentido el Centro de Estudios Económico del Sector Privado (CEESP) subrayó  que, aunque los supuestos para la elaboración de la LIF -en el documento de Criterios de Política Económica- contempla un rango de crecimiento económico para 2023 de entre 1.2% y 3%, de manera sin precedentes el cálculo de los ingresos fiscales y otros se hicieron con la cota superior (3%).

“Ello sugiere que, si se hubiera hecho con la mitad del rango como es la costumbre y lo aconseja la prudencia, los recursos no hubieran sido suficientes para financiar el gasto que se propone en el proyecto de presupuesto de egresos (PPEF) con el mismo déficit del sector público”, recalcó. 

Ahora bien, en la cámara de diputados ha comenzado la discusión del proyecto de presupuesto o PPEF para 2023, que deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre. Como en el caso de la LIF, seguramente no tendrá cambios importantes.

El PEF 2023 propone un gasto total de 8.3 billones de pesos, 649 mmp o 3.4% mayor respecto a la cifra estimada para 2022. 

“La distribución del gasto del proyecto de PEF refleja la determinación del gobierno de continuar canalizando recursos crecientes a sus programas y proyectos insignia que, hay que señalarlo, hasta el momento han fortalecido políticamente al partido en el poder”, detalló. 

Por ejemplo, dentro del gasto programable que se asigna a las secretarías, resaltan los recursos que se canalizan a la secretaría del Bienestar, 408.3 mmp, de los cuales el 82.1% se concentran en el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (335.5 mmp). 

A la secretaría de Educación se canalizarán 402.3 mmp, de los cuales el 21% se concentra en los programas de becas. Para Turismo se contempla asignar 145.6 mmp; el 98% de ese monto corresponde a la construcción del tren maya, proyecto del que no hay indicio de su rentabilidad social, pero sí de su impacto en el medio ambiente. 

Trabajo y Previsión Social recibirá 27.1 mmp, de los que el 85% se canalizará al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En su clasificación funcional, la mayor proporción del gasto programable, 65.5%, se canaliza a desarrollo social. De este gasto, 44.9% se ejercerá en la subfunción de protección social.

Con ello, el gobierno planea gastar en programas de transferencias (becas y programas de bienestar) el equivalente al 57% de lo que gastará en salud, a través de todas las agencias públicas, y al 54% de las erogaciones totales en educación. Asimismo, el gasto programado en dichas becas y transferencias es casi 7 veces el que se planea gastar en seguridad y protección ciudadana a nivel federal.

En resumen, la LIF aprobada presenta riesgos de insuficiencia de ingresos públicos recurrentes y de falta de recursos precautorios, mientras que el PPEF favorece fuertemente los objetivos políticos gubernamentales más que las necesidades sociales más evidentes.  

Los riesgos de la LIF podrían materializarse en un mayor déficit público, obligando al gobierno a incurrir en mayor deuda o recortar gastos de menor prioridad en sus preferencias para cubrir el faltante. En su caso, es más probable que se recurra a lo último.