Los contribuyentes que pretendan introducir mercancías de procedencia extranjera al país deben pagar los impuestos al comercio exterior (impuesto general de importación –IGI–), los aprovechamientos y sus accesorios, y demás contribuciones domésticas, y cumplir con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias.
Para el pago del IGI se toma como base gravable el valor en aduana de las mercancías, que se compone del precio pagado o por pagar de la mercancía más los gastos denominados incrementables.
También se utiliza para determinar las cuotas compensatorias, incluso forma parte de la base gravable de otras contribuciones, como el IVA y el IESPS.
Así las cosas, declarar correctamente el valor en aduana es responsabilidad de cada contribuyente porque es quien conoce las condiciones de la compra-venta de los bienes, los gastos en los que está incurriendo para traerlos al país y la relación con sus proveedores.
No manifestarla debidamente puede implicar el pago de multas que van del 130 % al 150 % de los impuestos al comercio exterior omitidos; inclusive efectuar pagos en demasía.
