La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) no previó con claridad los alcances y efectos respecto al fallo con relación al Artículo 69-B y 67 del Código Fiscal de la Federación (CFF).
Durante el Coloquio sobre los alcances de la sentencia de la Corte, organizado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), los panelistas coincidieron en que existen omisiones claras que podrían beneficiar a las personas que emitan comprobantes fiscales apócrifos.
“Es muy importante exhibir a las llamadas empresas fantasmas que emiten CFDI´s por operaciones inexistentes”, aseguró Diana Bernal Ladrón de Guevara, procuradora de la Defensa del Contribuyente.
El panel estuvo integrado por Gaspar Paulín Carmona, magistrado del décimo cuarto tribunal del colegiado del primer circuito; Edson Uribe Guerrero, subprocurador general de Prodecon; Ricardo Sánchez Sánchez, administrador central de amparos e instancias judiciales del SAT y Manuel Sainz Orantes, socio en Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cía.
“No se dio seguridad jurídica”, aseguró Paulín Carmona, por lo que espera que la SCJN pudiera debatir nuevamente el punto para ser más clara en su resolución.
El Art. 69B del #CFF establece que no es de comprobación sino de revisión de comprobantes fiscales: Ricardo Sánchez, Administrador Central de Amparos e Instancias Judiciales @SATMX pic.twitter.com/FL1kAUK78j
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"Las cosas irán cambiando para tener un auténtico Estado de derecho en materia tributaria": Manuel Sainz Orantes, Socio en @CRZ_Chevez #ColoquioPRODECON#SentenciaSCJN pic.twitter.com/lukjVb3Jja
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Con la publicación de la lista relacionada con el 69B del #CFF, el #Contribuyente ya está exhibido ante proveedores aunque no se haya determinado la resolución definitiva, afirma Edson Uribe, Subprocurador General de PRODECON, en #Coloquio #SentenciaSCJN pic.twitter.com/HKx6v6m3pH
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Uribe Guerrero lamentó que sea necesario la realización de un coloquio para entender una sentencia que en teoría debería ser aclaratoria para actuar conforme a la ley.
La Suprema Corte discutió un proyecto donde se quería declarar inconstitucional el tercer párrafo del 69 B, ya que no preveía un plazo para que las autoridades fiscales emitieran y notificaran la resolución definitiva, con lo que se violaba la seguridad jurídica.
Sin embargo, se aprobó una reforma para modificar el plazo de 5 hasta 50 días para resolver el procedimiento.
Actualmente los empresarios están en una situación vulnerable pues la autoridad fiscal le está rechazando los CFDI´s, que recibieron de algunas de las instituciones señaladas en la llamada “lista negra” y esto está afectando sus comprobaciones fiscales, aseveró la procuradora Diana Bernal.
