Las entidades federativas del país lograron este año su mejor nivel de transparencia fiscal desde 2015, de las cuales el Estado de México se mantuvo en primer lugar y Veracruz se ubicó en el último, de acuerdo con aregional.
El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2019, muestra que el promedio nacional es de 79.93 puntos, en una escala de 0 a 100, lo que significa su primer incremento después de tres años de estancamiento.
La directora general de aregional, Flavia Rodríguez Torres, informó en rueda de prensa que los estados más transparentes en materia fiscal son el Estado de México, con 99.25 puntos; seguido de Querétaro, con 98.15 puntos, así como Sonora y Yucatán, empatados en 95.48 puntos.
En contraste, las entidades que ocupan los últimos lugares en transparencia fiscal son Veracruz, con 39.32 puntos; Guerrero, con 40.97 puntos y Chiapas, con 45.88 puntos.
El ITDIF es un instrumento estadístico que cuantifica el nivel de disponibilidad y calidad de la información fiscal generada y publicada por las entidades federativas en sus portales oficiales.
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Rodríguez Torres resaltó que desde 2015, cuando el ITDIF alcanzó el promedio nacional más alto a lo largo de sus 18 años, la puntuación no incrementaba, como lo hizo en este año, a 79.93 puntos desde 77.49 puntos en 2018.
El incremento en 2019 ya se esperaba por ser un año post electoral, ya que los gobiernos reactivan los esfuerzos por retomar los temas de la agenda pública, señaló.
Este nuevo crecimiento en el promedio del ITDIF evidencia un ambiente de competencia y refleja el interés de los estados mexicanos por ser reconocidos como transparentes, situación que puede estar impulsada como parte del discurso del orden federal actual.
Por su parte, la subdirectora de Transparencia de regional, Noemí García Carrillo, destacó que después de tres años de estancamiento, el promedio del ITDIF incrementó 2.44 puntos, para colocarse en 79.93 puntos, su segundo nivel histórico.
Esto se explica, dijo, por la estabilidad después de un año altamente electoral, en el que los cambios de administración se han concretado y retoman la agenda pendiente, así como avances en el acatamiento de los tiempos señalados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera.
