El pleno de la Cámara de Senadores aprobó anoche en lo general y en lo particular por 66 votos de Morena, PVEM, PT y PES —45 legisladores del PAN, PRI, MC y PRD sufragaron en contra—, un paquete de reformas para tipificar la defraudación fiscal como delito cometido por el crimen organizado, elevar la conducta ilegal a rango de amenaza a la seguridad nacional y aplicar prisión preventiva oficiosa a los delincuentes que evadan al fisco.
Dos horas antes, 82 senadores de Morena, MC, PVEM, PT, PES y PRD respaldaron el dictamen en lo general, mientras que 34 del PAN y PRI se opusieron.
Tras cuatro horas de debate en lo general, inició la discusión en lo particular, que consumió dos más, durante la cual se aceptaron tres propuestas, presentadas de viva voz por los senadores Rocío Abreu, Napoleón Gómez Urrutia y Ricardo Monreal Ávila, todos del grupo parlamentario del partido Morena.
El primer cambio, promovido por la campechana Abreu, precisa que la reforma entrará en vigor el día 1 de enero del 2020. El segundo, del dirigente minero Gómez Urrutia, que las conductas cometidas antes de que aplique la reforma legal para endurecer las penas a los defraudadores fiscales se continuarán investigando, juzgando y sentenciando. La tercera enmienda acordada, que planteó el zacatecano Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, establece que a quienes expidan facturas falsas por hasta aproximadamente 8 millones de pesos no aplicará la prisión preventiva oficiosa ni será tratado como delincuente o criminal organizado.
“Con la reserva que estamos proponiendo, el pequeño contribuyente que adquirió, compró, expidió o vendió un comprobante fiscal que no supere un aproximado de 8 millones de pesos enfrentará el procedimiento penal en libertad. Y en el caso de que el juez lo considere culpable o el Poder Judicial, con las pruebas que se exhiban, demuestre su culpabilidad, y siempre que sea primo delincuente, tendrá una pena de dos años con los beneficios que la ley penal establece”, señaló.
Además, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta propuso, desde la tribuna, precisar que “será sancionado con las mismas penas al que a sabiendas” de que se trata del delito tipificado como tal, es decir, de la emisión de facturas falsas, anuncie la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Los cambios logrados de última hora al artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, informó, los presentó porque “a juicio de algunos grupos económicos, satisfacen su propósito y su propuesta”.
Durante el debate en lo general, panistas y priistas anticiparon su voto en contra por considerar que los cambios promovidos por el gobierno federal son negativos y terminarán por afectar a los contribuyentes en general y las inversiones.
La panista Minerva Hernández auguró que con las medidas aprobadas se pondrá a los contribuyentes cumplidos entre la espada y la pared, y a merced de mayores actos de corrupción por parte de funcionarios que bajo la amenaza de prisión preventiva oficiosa tomarán provecho de la situación.
“Están atacando a los contribuyentes cumplidos con acciones que se constituyen en terrorismo fiscal”, expuso.
Autor de la enmienda, Alejandro Armenta Mier (Morena), presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito y autor de la iniciativa que dio la pauta para la reforma, aclaró que la misma habrá de favorecer a 1.3 millones de empresarios que generan actualmente empleos y “que se la juegan por nuestro país”.
Los cambios
- La reforma entrará en vigor el día 1 de enero del 2020
- Las conductas cometidas antes de que aplique la reforma legal para endurecer las penas a los defraudadores fiscales se continuarán investigando, juzgando y sentenciando
- A quienes expidan facturas falsas por hasta aproximadamente 8 millones de pesos no aplicará la prisión preventiva oficiosa ni serán tratados como delincuentes o crimen organizado
Lo que permanece
- Se considerará amenaza a la seguridad nacional el fraude al fisco
- Se busca ir por el beneficiario final
- Sanciones de cinco a ocho años de cárcel para quien compre una factura falsa
- Protección a personas que ayuden en la investigación (testigos protegidos)
“Servidores públicos serán castigados severamente”
A nombre del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta Mier informó que de acuerdo con cifras oficiales del Servicio de Administración Tributaria, entre junio del 2014 y junio del 2018 se crearon más de 9,000 empresas fantasma que, con facturas falsas, simulan actos jurídicos inexistentes.
En dicho periodo, precisó, se registraron operaciones de defraudación fiscal de empresas fantasma por más de 2 billones de pesos; “ una tercera parte del Presupuesto (de Egresos de la Federación) para el ejercicio fiscal del 2020”.
“El contenido de esta reforma significa que no habrá persecución al empresario, no nos confundamos, y sí protección a los contribuyentes. Para quien pretenda extorsionar, con la nueva reforma claro que habrá sanciones fuertes. Los servidores públicos corruptos, emanados de cualquier fuerza política, incluyendo a Morena, serán castigados severamente”, declaró.
“Es terrorismo fiscal y extorsión institucional”
Por la bancada del PRI, Claudia Anaya Mota calificó el paquete de reformas promovido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para sancionar el delito de defraudación al fisco como “terrorismo fiscal’’ y “extorsión institucional”.
“Yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje: esta reforma está fuchi, esta reforma está guácala, pa’ que me entiendan”.
Desde la óptica de la zacatecana, se quiere equiparar a personas que no realizaron de manera correcta o adecuada su declaración anual de impuestos con quienes dolosamente defraudan al fisco, y con terroristas, feminicidas y secuestradores.
“La actividad empresarial, equiparada con delincuencia organizada. La actividad empresarial, considerada un riesgo de seguridad nacional. Empresarios, a la cárcel. Señor, señora, empresario, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios’’, expresó el tribuna.
“Así no se resuelven los problemas de México”
Para Gustavo Madero Muñoz (Partido Acción Nacional) la defraudación fiscal no se combate como lo quiere hacer el gobierno en turno.
“Así no, presidente Andrés Manuel López Obrador. Así no se resuelven los problemas de México; así no se combate la defraudación fiscal; así no se construyen aeropuertos; así no se genera la confianza que requiere el país; así no se logra crecer a 6 %; así no se combate la inseguridad”.
La mayoría legislativa, estimó, no otorga razón alguna al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores. “Tener votos para aprobar leyes de terrorismo fiscal, tener votos para nulificar la presunción de inocencia, no les exime de estar del lado autoritario de la historia”.
A decir del panista, el SAT podría actuar, porque sabe quiénes son los que evaden impuestos y emiten facturas falsas. “El SAT tiene todos los instrumentos. Tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, la lista negra del 69-B del Código y no va contra ellos. Quiere cargar a empresarios la responsabilidad de auditar”.
“Evadir impuestos es un deporte nacional”
Autor de parte de la reforma, Samuel Alejandro García Sepúlveda (MC), afirmó que con el cambio legal se combatirá el cáncer que representan las empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas.
“Para mí es un gran día porque se da un paso que lleva atrasado 15 o 20 años; que se ha convertido en un deporte nacional: evadir impuestos. Se crea, por fin, el criterio de oportunidad para que los de debajo de las empresas, los gerentes, si se atreven a decir quién es el verdadero ladrón, el verdadero dueño, les atenúen la pena y vayamos por los peces gordos”, expuso.
Aunque el senador lo propuso así, pidió no considerar el delito de defraudación fiscal como amenaza a la seguridad nacional. “Lo que no quiere el SAT y Hacienda es batallar. Quieren alegar terrorismo y pedir directo a la Comisión Nacional Bancaria todos los estados de cuenta, como si no existiera el secreto fiscal o bancario”, arguyó en tribuna.
“Las conductas a sancionar no se deben dejar a la interpretación”
Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) dijo respaldar la enmienda porque México necesita recaudar más, aunque solicitó no dejar los tipos penales abiertos, ni las conductas a sancionar a la interpretación.
“Acompañamos también el argumento de ir en contra de quienes falsifican facturas, quienes alteran documentos para defraudar al fisco, es un supuesto específico, es un supuesto determinado, pero lo que hoy se está dictaminando no es esto. Lo que se está dictaminando es incluir cualquier conducta, cualquier conducta de cualquier contribuyente que pudiera estar en el supuesto de la defraudación fiscal o la defraudación fiscal equiparada, y pasarlo a la delincuencia organizada, y sumarlo como un delito contra la seguridad nacional”, argumentó.
Con información de El Economista y Comunicación Social de la Cámara de Senadores.
