El SAT va en contra de empresas de bolsa

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado un traspié a cuatro firmas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Walmart de México y Centroamérica, Alsea, América Móvil y Maxcom, tras anunciar adeudos pendientes con la autoridad fiscal o pagos por cambios de régimen fiscal, por un monto total acumulado de 23,361 millones de pesos.

El mercado no tardó en reaccionar a este reclamo de la autoridad, pues las acciones de Alsea y de Walmex muestran una corrección en su precio en la BMV desde el anuncio, y acumulan una pérdida conjunta de 41,131.41 millones de pesos en valor de capitalización bursátil.

“Muchos inversionistas, lo hemos platicado con varios directamente, están preocupados de que esto sea el inicio de una estrategia de más largo alcance (...) Existe un temor bastante fundado de que se vayan a ir sobre otras”, expresó en entrevista Amín Vera, director de Análisis Económico de Black Wallstreet Capital.

El especialista mencionó que hay ciertos temores en el mercado de que algunas otras firmas como Kimberly-Clark de México o Grupo México pudieran también ser objeto de multas.

Un directivo cercano a la BMV explicó que el gobierno federal está escaso de recursos y puede buscar en cualquier recoveco incrementar sus ingresos.

El pasado viernes comenzaron los requerimientos. El primer anuncio vino de Alsea, en un documento enviado a la BMV, la operadora de marcas como Starbucks, Domino’s Pizza y The Cheesecake Factory, entre otros, informó que el SAT le reclamó un pago de impuestos por 3,881 millones de pesos.

Jacobo Rodríguez, director de Análisis Financiero en Black Wallstreet Capital México (BWC) consideró que estos reclamos por impuestos, multas y reclamos por 3,881 millones de pesos para Alsea, 10,559 millones de pesos para Walmart de México y Centroamérica, 8,290 millones de pesos para América Móvil por cambio de régimen fiscal, y 631 millones de pesos en el caso de Maxcom, podrían no proceder, ya que, además de que las empresas impugnarán la resolución, podría darse una negociación con las autoridades.

“Pero no quiere decir que las empresas hayan incurrido en una ilegalidad, simplemente son estrategias contables que hacen los propios fiscalistas, pero que las compañías ya no podrán aplicar este tipo de medidas”, enfatizó  Rodríguez.

El estratega de BWC recordó que el mercado reacciona, sobre todo considerando que México tiene varios factores de riesgo y éste es uno más que se suma y puede hacer que se reduzca el apetito por acciones mexicanas.

Jacobo Rodríguez estimó que el impacto sobre las acciones de las emisoras será temporal y poco a poco se vaya recuperando como fue el caso de Alsea, donde sus acciones terminaron la jornada con un avance de 1.24% en la BMV.

Consideró, además, que en los próximos días se podrían ver que salgan nuevos casos de empresas a las que se les esté solicitando dicha liquidación.

Cipactli Jiménez, socio fundador de Snowball, comentó en entrevista que esto causa una respuesta negativa del mercado, pues representa un pasivo para las empresas. “Es una llamada de atención por parte del gobierno para decirles que no se les olvide que deben dinero y se tienen que pagar, por un lado y por otro, demuestra que el gobierno no está pasando por un buen momento y está llamado a recolectar recursos de donde pueda”, expresó el asesor bursátil.

El estratega de Snowball indicó que la situación genera mucho ruido entre el público inversionista, no solamente para las empresas sino para el país en general, pues se percibe cierta presión por parte del gobierno para obtener recursos.

Particularmente, en el caso del gigante de Telecomunicaciones, América Móvil, decidió cambiar de régimen fiscal, por lo que tuvo que pagar al SAT 8,289.9 millones de pesos, aclaró Jorge Kim, socio de la firma de abogados White & Case.

El especialista en derecho fiscal indicó que hasta el 2014 aplicaba el régimen de consolidación fiscal para las grandes empresas o contribuyentes. Con ello se les permitía a las compañías diferir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sus distintas subsidiarias para compensar las pérdidas que tuvieran algunas de ellas y así se generaba un diferimiento del impuesto que podían ir pagando a lo largo de los años.

De acuerdo con información de El Economista, algunos grupos empresariales que se regían bajo este esquema eran Alsea, Peñoles, Grupo Salinas, Televisa, Grupo Carso, ICA, Cemex, Grupo Alfa, entre otros.

Sin embargo, Jorge Kim explicó que este esquema demostró que había situaciones en donde las empresas no necesariamente pagaban los impuestos que les correspondía, por lo que hasta ese momento era visto como muy generoso para las compañías.

En el 2014, se modificó sustancialmente el esquema y se estableció el nuevo sistema de régimen opcional de grupos, con el que básicamente se reduce la posibilidad de diferir el impuesto a tres años, antes eran 10, con previa autorización del SAT. Bajo este mecanismo se determina qué impuesto tiene que pagar cada grupo y qué impuestos pueden diferir de manera anual.

Lo que se difundió este martes es que América Móvil dejó de tributar bajo este esquema de régimen opcional de grupos. A partir de este caso, añadió Jorge Kim, se podría deducir que hay otros grupos empresariales que probablemente estén analizando tomar la misma determinación respecto a sus impuestos diferidos.

“Lo que es cierto es que hoy el régimen legal fiscal permite a las grandes empresas utilizar este régimen para diferir impuestos y las empresas son las que deberán tomar la determinación de seguir pagando el impuesto diferido o mantenerlo”, precisó el especialista en temas fiscales.

Consideró que las empresas que decidan dejar de tributar bajo el régimen opcional de grupos pudieran ver una afectación en sus flujos, porque tendrán que realizar el pago de sus obligaciones fiscales por el periodo correspondiente, al dejarlo de hacer de forma diferida.

Kim añadió que los grandes contribuyentes de México aportan aproximadamente 70 % de la recaudación del SAT. El especialista recomendó evitar abusar del régimen, porque la autoridad fiscal puede sancionarlos, lo  cual impactará a otras empresas que lo estén ocupando bien.

“Hay que destacar el acto de autoridad que Alsea debe impugnar por medio del recurso de revocación emitido por el SAT que lo resuelve la misma autoridad, es decir, el propio SAT, convirtiéndose en juez y parte (...) Alsea deberá acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por medio del recurso de nulidad a defender sus derechos con los medios probatorios que por derecho corresponda y Alsea sostiene tener en regla”, comentó Gerardo Méndez, abogado especializado en derecho corporativo.

Miguel Buitrón Pineda, socio director del despacho especializado en materia fiscal, Buitrón y Asociados, explicó en entrevista que estas medidas realizadas por el SAT tienen como objetivo evitar prácticas que afecten al fisco; sin embargo, refirió que las multas deberían tener cierta proporcionalidad para que no parezcan multas recaudatorias.

“La recaudación en una multa es inconstitucional, y con estas multas multimillonarias, lo único que está aparentando el SAT es establecer, aparte de penalizar el no pago de impuestos, tratar de recaudar”, comentó Buitrón Pineda. Expresó que una multa cuantiosa se traduce en un defecto, pues se interpreta en una multa recaudatoria.

Las acciones del gigante de telecomunicaciones América Móvil tuvieron un comportamiento modesto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en la sesión posterior, donde la emisora informó sobre un pago de impuestos a la autoridad tributaria de México.

En la jornada de este miércoles sus acciones avanzaron 0.85%, a 16.68 pesos por unidad en el centro bursátil, lo que representó una ganancia de 9,166.31 millones de pesos en valor de mercado.

La compañía del magnate Carlos Slim, informó en la víspera de este miércoles, que pagó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) la cantidad de 8,289.9 millones de pesos, por convento de Impuesto Sobre la Renta diferido y que fue notificado conforme a la legislación aplicable en el mes de enero del 2020, sin mediar requerimiento o procedimiento alguno. 

Walmart de México y Centroamérica tuvo el peor desempeño en el S&P/BMV IPC, sus acciones cayeron 3.76%, a 56.13 pesos, y perdió en valor de capitalización bursátil 38,240.47 millones de pesos, a 980,108.53 millones de pesos, según Economática.

Esto fue consecuencia de la noticia de que el SAT le exige al retailer un pago por 10,559 millones de pesos, por concepto de impuestos, multas, recargos y actualización derivado de la venta de Vips a Alsea en el 2013. El monto es superior a 8,200 millones de pesos por el que se realizó la transacción. Según un reporte de Monex, la cantidad que pide el SAT representa 14.9% del EBITDA de Walmex del 2019. En caso de pagarlo, su razón de apalancamiento deuda neta/EBITDA se incrementaría a 0.5 veces desde 0.4 veces, que los analistas consideran todavía saludable.  

Alsea, operadora de restaurantes y cafeterías en México y América Latina, informó el viernes que la autoridad fiscal le exige un pago por 3,881 millones de pesos, por la compra que realizó en el 2013 de los restaurantes Vips a Walmex.

Los títulos de la firma cayeron hasta 8.72% en la Bolsa mexicana entre el 14 y el 18 de febrero, pero ganaron 1.24 por ciento. En términos de market cap, ha perdido 2,890.94 millones de pesos en tres días.

Según Monex, el monto exigido es 34.9% de su EBITDA de los últimos 12 meses y en caso de pagarlo, su razón de deuda neta/EBITDA subiría de 3.6 veces a 3.8 veces. Para Amín Vera, especialista de Black Wallstreet Capital, Alsea podría sufrir cierto deterioro en sus fundamentales si paga, pero, por ahora, considera que el castigo a la acción puede ser un punto de entrada en la compañía para los inversionistas. 

Maxcom, empresa de telecomunicaciones, considera que el requerimiento de pago emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es procedente.

Fuentes cercanas a la empresa destacaron que la ley otorga prerrogativas a las empresas para defenderse y, en este caso, tienen todos los elementos para que la solicitud de pago por parte de la autoridad no se lleve a cabo.

“Ante la clara existencia y materialidad de los servicios de larga distancia recibidos, Maxcom considera que la citada liquidación es improcedente; por lo tanto, ejercerá los medios de defensa correspondientes, aclarando que el citado crédito fiscal no es firme ni definitivo”, informó a los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores. Además expuso que Maxcom reitera su compromiso de cumplir siempre con sus obligaciones fiscales, legales y regulatorias, manteniendo una estrecha comunicación con el público inversionista.

*Con información de El Economista