Los recursos que el Estado destina al sector salud deberán manejarse con mayor eficiencia, de acuerdo con el dictamen de la Cámara de Diputados con el que se reforma la Ley General de Salud, el cual aún debe ser analizado por la Cámara alta.
El proyecto, aprobado el 22 de octubre pasado, plantea regular los mecanismos de adquisición y distribución de medicamentos e insumos, a fin de mejorar su abasto a los usuarios de servicios médicos en el sector público.
La propuesta establece entre otras medidas:
- transferencia de recursos del gobierno federal para la compra de medicamentos e insumos
- disposiciones relativas al manejo del dinero o recursos en especie por los cuales se garantizaría la prestación de los medicamentos
- separación de las funciones de financiamiento de las atribuciones para prestar servicios de salud, y
- fortalecimiento de los mecanismos de información y rendición de cuentas con miras a combatir la corrupción
Con estos cambios se cree se acabaría con las ineficiencias que presenta el sector salud, debido a los diferentes estamentos burocráticos que intervienen en la coordinación del sistema.
Las modificaciones también intentan beneficiar al IMSS y a sus asegurados, pues le permitirían al instituto potenciar su entramado financiero, mejorar su infraestructura y la calidad de los servicios que presta a sus derechohabientes.
Además estas reformas prevén que si una persona recibe en administración recursos en dinero o en especie, y en ejercicio de sus funciones o por sus actividades los desvía del objeto para el cual se transfieren o entregan, dicha conducta será considerada un delito, el cual es sancionable con una pena de cuatro a siete años de prisión y una multa de 1,000 a 1,500 días de salario mínimo general vigente en el DF; de igual manera se le aplicará las Leyes Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la General de Contabilidad Gubernamental.
