A partir de este martes las instituciones de crédito deberán mejorar sus mecanismos de control cuando realicen operaciones de factoraje financiero, de acuerdo con una resolución publicada por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación del pasado lunes.
Según el documento, las operaciones de factoraje financiero deben sujetarse a los mismos procesos de originación, administración y control interno que operan en el resto de la cartera de crédito. Por tal razón, se ordena a las instituciones:
- Establecer mecanismos de control que les permitan:
- cerciorarse deque el deudor de los derechos de crédito transmitidos, acepta haber recibido los bienes o servicios conforme a lo pactado y que está obligado a su pago. Asimismo se debe revisar que exista el documento en el que se formaliza la operación
- verificar que la persona que presente el documento cedido en favor de la Institución está legalmente facultada para este fin
- validar que el documento cedido a su favor no ha sido presentado por el factoradopara respaldar otras obligaciones
- identificar los riesgos operacionales que pudieran surgir en este tipo de operaciones, tales comocláusulas que se opongan a la cesión de derechos, o acuerdos celebrados entre el factoradoy el deudor que sean en perjuicio de la institución
- identificar en quién recae el riesgo de crédito. En aquellos casos en que el deudor no reúna los requisitos necesarios para celebrar la operación, se podrá considerar como deudor al factorado
- Utilizar plataformas automatizadas para validar los documentos relacionados con las operaciones de factoraje. Los documentos otorgados en garantía quedarán registrados en dichas plataformas con lo cual:
- las instituciones de créditotendrán mayor seguridad al momento de otorgar los créditos pues podrán validar que los documentos no han sido ofrecidos como garantía de otros créditos
- los deudores estarán tranquilos pues sabrán que su obligación no ha sido trasmitida a otro acreedor
Con estas medidas, las instituciones de crédito reducirán su exposición al riesgo, disminuyendo las posibilidades de caer en estado de insolvencia, lo que afectaría no solo a la propia institución, sino a todo el sistema financiero mexicano.
