El SAT a través de las declaraciones informativas cuenta con amplios datos e información de las operaciones o actos que realizan los contribuyentes, vinculados con el hecho generador de las contribuciones, los cuales se almacenan en su gran base de datos.
Esa base le es de gran utilidad a la autoridad cuando va iniciar un proceso de fiscalización, pues si como resultado del cruce de datos e informes, detecta diferencias, por omisiones o errores, es muy probable que le requiera al contribuyente de que se trate, una aclaración u opte por llevar a cabo una revisión fiscal, pero en todo caso debe cumplir el mandamiento constitucional previsto para ello.
Si bien las declaraciones informativas deben estar circunscritas a los datos e información, además de las particularidades referentes a la contribución o a la relación tributaria que se pretenda observar, inspeccionar o investigar, a percepción del informante (contribuyente o terceros), en ocasiones, pareciera que en los formatos existe un exceso de datos o informes a proporcionar que no están relacionados con el vínculo tributario lo que pudiera dar lugar a cuestionar su legalidad, pues el medio utilizado y el fin perseguido no es legal, violando en consecuencia, sus derechos como contribuyente.
En el tema “Informe de operación relevante vs la Constitución” el Socio-Director de Abogados Empresariales AVP, Antonio Alberto Vela Peón, expone la utilidad de las declaraciones informativas, la problemática que representa la postura de la autoridad de condicionar la presentación de éstas para el goce de ciertos beneficios o derechos fiscales (deducción, acreditamiento o devolución de saldos a favor), los argumentos que podrían ser de utilidad en caso de instaurar una defensa para salvaguardar los derechos del contribuyente, y finalmente enfatiza si puede estimarse o no de inconstitucional la declaración de operaciones relevantes.
