Tras la aprobación del proyecto de decreto de Miscelánea Fiscal el 29 de octubre de 2015 por la Cámara de Diputados, se desecharon las modificaciones que realizaron previamente los senadores al artículo 52 (fracción I, inciso A) del CFF, debido a que diversos especialistas consideraran que la propuesta era "limitante".
Los cambios sugeridos por los diputados planteaban reformar dicho precepto con el fin de que los contadores públicos, que dictaminaran para efectos fiscales, tuvieran una maestría en contribuciones y se sujetaran a un examen de certificación elaborado y aplicado en forma solidaria y mancomunada por una institución de educación superior registrada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En otras palabras, se establecía que los contadores públicos, debían contar con dicha acreditación, la cual cursarían en máximo tres años; además hablaba de manera muy genérica sobre un posgrado en contribuciones, pues no había un señalamiento expreso de qué tipo de contribuciones sería, si las de carácter local, estatal o federal.
Entre los principales requisitos se les solicitaba presentar un examen ante una institución pública reconocida; de igual forma los contadores autorizados para dictaminar habrían requerido el posgrado.
Ante esto, la contadora pública colegiada y Presidenta actual del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Olga Leticia Hervert Sáenz, consideró que las modificaciones representaban lesiones a los derechos constitucionales, como el libre ejercicio de la profesión pero también una falta de respeto al organismo y a su normatividad.
“Buscamos a los senadores, porque no es posible que acoten tanto un trabajo profesional; primero lo que pedimos como profesión es que nos tengan respeto, que respeten los 92 años de institucionalidad, de tener nuestra propia normatividad y nuestras reglas”, opinó la especialista Olga Leticia Hervert Sáenz en entrevista con IDC Asesor Jurídico y Fiscal.
En un comunicado publicado el 28 de octubre de 2015, el IMCP y sus 60 Colegios federados rectificaron su postura a los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores de que la reforma planteada era innecesaria.
“El promedio de edad de los contadores públicos del IMCP, es de 50 años y de ahí para arriba, esos son los rangos. Sí nos estamos capacitando 65 horas, incluso más gente se excede de las horas que tiene que hacerlo; entonces imagínate que a los 60 años te metes a estudiar una maestría a la cual le tienes que dedicar tiempo, dinero y esfuerzo y atender tu despacho y atender tus actividades colegiadas, te acota mucho el tiempo”, reiteró la especialista.
Asimismo, la presidenta del IMCP consideró que uno de los efectos que hubiera tenido esta medida era la creación de escuelas "patitos" que ofrecieran el posgrado en contribuciones y cobraran cantidades de aproximadamente mil o dos mil pesos en línea.
“Desgraciadamente es algo que se sale de control de las autoridades porque eso lo ve otra autoridad que es la SEP y el RVOE (Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios) que lo pueden dar a nivel estatal y es un tema difícil porque se lo otorgan a todos los que tienen la educación concesionada con los particulares, pero lo tienen indefinido. Entonces no hay una revisión de programas, una actualización en donde consten que verdaderamente están cumpliendo con un programa bien alineado”, aseveró Hervert Sáenz.
La propuesta de dictamen no establecía quién tendría que emitir o impartir el posgrado en contribuciones; cuando menos el IMCP no ofrece materias de posgrado porque no tiene el reconocimiento del RVOE, más que el certificado de idoneidad para avalar el examen único que abarca las siete áreas de desarrollo profesional y por disciplinas.
Dentro de las instituciones afiliadas al IMCP, la de Nuevo León sí cuenta con una escuela de posgrado, pero gracias a un trámite aparte y su RVOE otorgado por el estado. Guadalajara y Chihuahua están en proceso de contar con la misma modalidad, pero es un complemento de sus actividades colegiadas, no para emitir el posgrado en contribuciones que se planteó.
* Texto elaborado por Estefanía Camacho, periodista y reportera de IDC Asesor Jurídico y Fiscal
