En días pasados la Comisión Redactora de la Constitución de la Ciudad de México concluyó el proyecto de contenidos; sin embargo, la petición de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) porque se incluyeran los derechos de los pagadores de impuestos y la creación de un ombudsman fiscal local no fueron escuchadas, aseveró la titular del organismo Diana Bernal.
En ese tenor, la procuradora aseguró que sería un error no incorporar al proyecto de Constitución de la CDMX estos derechos y que la creación o aumento de otros dañaría a la ciudadanía.
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“Al parecer se pretende incrementar más aún el impuesto predial a determinados sectores, siendo que la CDMX es la entidad federativa donde se cobra el más alto predial de toda la República. También, se pretende obtener mayores recursos de la Federación, sin tomar en cuenta que ante la crisis petrolera, la mayor parte de esos recursos está saliendo de los bolsillos de los contribuyentes”, sentenció la funcionaria.
Asimismo, mencionó que numerosas personas acudieron a la Prodecon para que se les apoye por quejas relacionadas con el impuesto predial, sin que pueda dárseles ese servicio pues se trata de un impuesto local.
Igualmente recordó que el monto del impuesto predial se incrementa de manera importante cada año en la Ciudad de México, lo que no ocurre en otras entidades federativas.
Como ejemplo, señaló que por un inmueble con valor catastral aproximado de 2 millones 200,000 pesos, se paga en la CDMX un impuesto anual de 16,056 pesos, es decir, prácticamente casi cuatro veces más de lo que se paga por un inmueble del mismo valor en la ciudad de Monterrey, donde tan solo asciende a 4,400 pesos.
Los habitantes de la CDMX pagarán tan solo este año de contribuciones locales casi 95,000 millones de pesos, lo que significaría casi siete veces más de lo que pagarán los habitantes de Nuevo León (14,000 millones de pesos).
Además, los habitantes de la CDMX que no gozan de los mejores servicios urbanos, pagan otras numerosas contribuciones. Por ejemplo, para adquirir una vivienda con valor de un millón 800,000 pesos se pagan al Gobierno de la CDMX 68,551 pesos por impuesto sobre adquisición de inmuebles y 15,950 pesos por derechos de inscripción en el Registro Público.
