Proponen consejo para diseñar políticas fiscales
16 países han establecido consejos fiscales como organismos de evaluación de sus políticas fiscales
Fiscal Contable
Un consejo fiscal mexicano autónomo para el diseño de la política en la materia es la propuesta de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, a partir de la experiencia internacional.
La participación de los consejos fiscales en la estimación de costos y previsiones para elaborar presupuestos o iniciativas de ley, propicia la sostenibilidad de las finanzas públicas, promueve la estabilidad macroeconómica y genera marcos para anticipar presiones fiscales, como en el caso del sistema de pensiones.
El documento señala que a raíz de la crisis económica de 2008, diversos países optaron por hacer uso de la deuda para estimular la actividad económica. Con datos del Banco Mundial, el IBD muestra que países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tuvieron incrementos de la deuda pública como proporción del PIB.
En el caso de México, se registró un aumento en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), al pasar del 29.1% a 40.4% del PIB entre 2007 y 2013, y datos de la SHCP muestran que al cierre del 2015, el SHRFSP alcanzó 47.6% del PIB.
Los consejos fiscales participan en el diseño de la política fiscal, ejercen funciones de supervisión sobre el desempeño de las finanzas públicas, además de realización de estimaciones y pronósticos del comportamiento macroeconómico, que son la base para elaborar previsiones presupuestarias.
Entre 2008 y 2014, 16 países establecieron consejos fiscales como organismos de evaluación de sus políticas fiscales. El estudio señala que “los consejos fiscales se catapultaron como una solución entre los gobiernos para reforzar su credibilidad y compromiso con una mayor disciplina fiscal”.
Adicionalmente, estos organismos realizan análisis descriptivos sobre temas fiscales y macroeconómicos, a fin de evaluar posibles riesgos de sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo, brindar recomendaciones de política, monitorear reglas fiscales y costear nuevas medidas que generen impactos para las finanzas públicas.