Por Estefanía Camacho
Un gasto eficiente, mitigar recortes en programas sociales, mayor recaudación y reducir el IESPS en gasolinas en un 60% son las propuestas que generaron expertos, activistas, legisladores y el sector patronal ante el descontento que reina entre la ciudadanía mexicana desde el primer día de enero a causa del incremento en los precios de gasolina.
El enojo social se desató por la chispa del gasolinazo, afirmó la presidenta de la Asociación Civil Causa en Común, María Elena Morera. Ya existía, explicó, porque la gente está harta de ver que todos los días alguien se robó algo, especialmente los políticos y que no hay consecuencias.
“La gente lo que cree es que vamos a pagar más para que alguien se lo lleve a sus bolsillos no para que haya una mejor política de seguridad o justicia, ni para que arreglen las escuelas u hospitales. Y el enojo social es todo lo que venimos cargando este sexenio y otros anteriores”, declaró Morera.
En 2016 existía una banda de precios donde el gobierno determinaba a dónde se iba a mover el precio de la gasolina, analizó el investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Adrián García. Entonces, el precio máximo era de 13.98 pesos para la magna y cuando el precio de la gasolina sobrepasaba esos 13.98, el IESPS se reducía para que el precio quedara igual.
“Definitivamente se necesita un gasto más eficiente y tratar de mitigar los recortes en los programas sociales. Aunque sí se necesita recaudar más, es fundamental inclusive para recuperar la confianza de la gente. Entre más vea la gente que el dinero que pagan en impuestos se usa en cosas que los beneficia, menos descontento habría, obviamente”, recalcó García.
Añadió que en años anteriores el precio internacional del petróleo era muy alto, lo que hacía que el gobierno tuviera unos ingresos proporcionales y eso les daba oportunidad de “darse el lujo” de subsidiar la gasolina como lo hizo de 2005 a 2014. Ahora con el precio internacional del petróleo ya no pueden continuar haciéndolo y obtienen esos recursos por medio del IESPS.
¿Lo que “debe” ser?
El miércoles 9 de enero se propuso en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar diversas disposiciones de las leyes de Hidrocarburos y del IESPS, relativa a la liberalización del mercado de las gasolinas y a la cuota aplicable a los combustibles fósiles, para dejar la cotización del gravamen en 2.49 pesos por litro, lo que significa una reducción del 60 %.
Ante esta propuesta o la de recortar el IESPS a 50% (como pide la Confederación Patronal de la República Mexicana –Coparmex-), el especialista del CIEP afirmó que al corto plazo eso podría crear menor descontento en la población, pero consideró que el gobierno federal sí ocupa esos recursos.
“Estarían dejando de recaudar aproximadamente 140,000 millones de pesos y en el PEF de 2017 ya hubo recortes a algunos programas de salud y educación, si dejaran de recibir estos recursos probablemente tendría que recortarse aún más y a largo plazo podría llegar a ser aún peor”, condenó Adrián García.
Cuando los precios internacionales del petróleo eran demasiado altos, el IESPS funcionaba como subsidio para contener el precio de la gasolina.
En 2014 inició la caída en el precio internacional del petróleo, por lo que, aunque la recaudación del IEPS a gasolinas y diésel siguió siendo negativa, (-0.1 % del PIB), la recaudación total del IESPS fue positiva. La recaudación aumentó considerablemente en 2015 debido a los bajos precios de la gasolina.
Con el nuevo mecanismo para ajustes de costos de gasolina, se garantiza una recaudación positiva por este concepto, de acuerdo con investigaciones del CIEP.
Aunado a esto, la Coparmex propuso que el excedente recaudado en 2016 con el IESPS por gasolinas, que fue 29.3 % más de lo esperado (67,000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado), fueran utilizados en la reducción de los precios de la gasolina.
Otra propuesta que hicieron fue eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado la CONEVAL.
“Se estima que en 2017 se gastan más de 200,000 millones de pesos en estos programas incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares como los comedores comunitarios y los llamados ‘servicios a grupos con necesidades especiales’”, añadió la Coparmex.
Otra medida que consideró María Elena Morera que se pudo haber hecho anteriormente es “no gastar lo que gastaron en estos 4 años que duplicaron la deuda” y criticó que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar no está completo.
“El acuerdo es muy superficial, les falta los qué y los cómos. Falta definir lo que se busca, cómo se va a lograr y cómo se va a medir. Muchas de las cosas que ahí se dijeron, nosotros suponíamos que ya las hacían”, contempló la presidenta de Causa en Común.
Cabe destacar que la asociación presidida por Morera firmó un Desplegado junto con otras asociaciones ciudadanas como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia que incluye diferentes medidas para frenar la corrupción y la impunidad, y por ende, el descontento social.
