Por Jesús Coronado
El parlamento francés aprobó la “tasa Google, que consiste en gravar hasta con el 38.33%, todo desvío de ganancias generadas en Francia. Su finalidad es castigar severamente la optimización fiscal que practican algunas de las grandes multinacionales, es decir, evadir impuestos mediante el desvío de beneficios a países con cargas más benignas.
La tasa entrará en vigor en 2018, y no solamente afectará a Google sino a empresas como Airbnb, Amazon, Apple y Uber y todas aquellas que desvían sus ingresos a naciones con impuestos más bajos en los que han situado sus sedes legales.
También se incluyó en los presupuestos generales para 2017, la “tasa Youtube”, para gravar con un 2% la facturación de los anuncios que aparecen en la plataforma de vídeos, sean o no de pago. El impuesto será del 10% si se difunden imágenes pornográficas o violentas.
La Asamblea Nacional francesa aprobó igualmente, que a partir de 2019, las plataformas de servicios como Airbnb y Uber presenten una declaración automática al Estado sobre sus ingresos.
El mayor buscador en Internet ha estado en el foco de las autoridades europeas debido a que tras una investigación de seis años, la compañía norteamericana alcanzó un acuerdo con el fisco británico por el pago de 172 millones de euros en concepto de impuestos atrasados por los beneficios obtenidos en el Reino Unido entre 2005 y 2015.
Desde hace dos años, el gobierno francés ha perseguido a Google y ha registrado en dos ocasiones sus oficinas en París porque le reclama más de medio millón de euros en impuestos no pagados en territorio galo, porque desvía sus ingresos a Irlanda.
Las dos técnicas empleadas son conocidas con el nombre de doble irlandés y el sándwich holandés. El primero de ellos consiste en que una multinacional crea dos filiales en Irlanda, cuyo impuesto de sociedades es solamente del 12.5%; una de ellas se domicilia en Dublín y la otra en las Bermudas (jurisdicción que tiene un convenio especial con Irlanda). Con ello la matriz traslada las patentes y los derechos sobre su propiedad intelectual a la sociedad domiciliada en esas islas; la filial europea radicada en la capital irlandesa factura al resto de Europa pero carga los beneficios contra la sociedad de las Bermudas, que le factura montos millonarios por derechos de propiedad adecuadamente inflados, por medio de los royalties.
Por su parte el sándwich holandés consiste en constituir otra sociedad en ese país, que tiene un tratamiento especial para los holdings de empresas y que cuenta con acuerdos de doble imposición con algunos paraísos fiscales. Paralelamente se crea una cuarta sociedad, filial de la matriz, en las Antillas Holandesas, solamente con un administrador. Como el traspaso de dividendos y plusvalías está exento de Irlanda a otra nación europea, la sociedad de Dublín traspasaría los pocos beneficios que le quedan tras pagar los royalties a la sociedad de Bermudas a la filial holandesa. Las autoridades de los Países Bajos permiten trasladar los beneficios al paraíso fiscal por medio de un acuerdo con el que finalmente se paga cerca del 2% de impuestos.
Por cuestiones de esa índole, en agosto, la Comisión Europea sostuvo que Irlanda había violentado la normatividad europea al otorgar a Apple un trato ventajoso en materia fiscal y ordenó el cobró de 13,000 millones de euros en impuestos atrasados, más intereses, del periodo de 2003 a 2014.
Por ello, en noviembre pasado, Irlanda apeló la decisión de la Comisión ante el Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo, argumentando que no existió tratamiento especial y que aunque la factura equivaldría a una cuarta parte de su presupuesto nacional, el país no los quiere, ya que Irlanda no tiene derecho a gravar a las empresas no residentes por beneficios provenientes de actividades fuera de sus fronteras. Se espera que en este caso, Apple también presente su propia apelación.
