Impuesto hackea uso de Internet

La reciente aprobación de gravar con el 3% del Impuesto Especial sobre producción y servicios (IESPS) a los servicios de telefonía fija, móvil e Internet, representa un retroceso en el sector de Telecomunicaciones y un fuerte golpe para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y para el consumidor en general. 

En México como en todo el mundo, el uso de Internet se ha convertido en sinónimo de crecimiento económico, conocimiento, oportunidades e igualdad. Con la aprobación del gravamen, tal parece, que se abrirá más la brecha digital que ha tratado de acortar durante los últimos 5 años nuestro país. Sin duda, el impuesto el 3 % de IEPS contradice las políticas de Estado que pretendían incentivar el uso de las nuevas tecnologías de la información (TIC), como parte del crecimiento económico del país y el aumento de la competitividad de las empresas, así como el desarrollo profesional de los mexicanos. 

La Asociación Mexicana de Internet (Amipci), la Cámara de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información (Canieti) y la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, han expresado su inconformidad del gravamen por lo paradójico que resulta castigar con un impuesto el uso de la tecnología y por contravenir el artículo sexto de la Constitución Política Mexicana que consagra el Derecho a la Información, derecho que garantiza a todos los mexicanos el acceso libre y pleno a todo tipo de conocimiento, y justamente el uso de Internet, ejerce dicho derecho. 

Por si fuera poco, las estadísticas realizadas sobre el tema, revelan que de ratificar la Cámara de Senadores la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, el golpe fiscal repercutirá directamente en su crecimiento e inhibirá a los estratos más vulnerables de la población, quiénes curiosamente, presentan un mayor crecimiento en la adopción y uso de Internet, esto es, que el 44 % de los internautas pertenecen a los niveles socioeconómicos D+, D y E, cuyos ingresos son inferiores a los 4 salarios mínimos. 

De esta forma los más afectados serán los niños y jóvenes, ya que de cada 6 de 10  mexicanos entre 12 y 19 años representan el 22 % de la población total del país. Los jóvenes entre los 20 y 35 años, en edad económicamente activa, que conforman el 39 % de este mismo total, verían limitados los beneficios que el uso de Internet como herramienta laboral conlleva.

Según el informe mundial sobre penetración de las TIC elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones,  México ocupa el lugar 14 de América, tres sitios abajo del lugar que ocupó en 2002.

Por su parte, el índice Mundial del Competitividad en TIC 2009, colocó a México como el cuarto país en América Latina.

Ante este panorama, la Amipci considera que ?serán pocos los beneficios fiscales que se lograrán obtener con esta medida tributaria, contra la derrama económica que generaría esta industria a través una política fiscal que promueva su crecimiento?.

¿Quién debe pagar el impuesto a las telecomunicaciones? 

De conformidad con la iniciativa de reformas presentada por el Ejecutivo Federal, los derechos por el uso, goce, explotación o aprovechamiento del espectro radioeléctrico representaron en promedio en los últimos 3 años el 1.55% de los ingresos de los concesionarios.

De 1998 a 2007, los ingresos de las empresas de telefonía celular se han multiplicado 12 veces en términos reales, mientras que los pagos que éstas realizan al Gobierno Federal por el uso, goce, explotación o aprovechamiento del espectro radioeléctrico sólo han crecido en términos reales 1.13 veces.  

Asimismo, se señala: 

? ??. el esquema vigente de derechos sólo grava a los concesionarios en función de la cantidad de MHz que utilizan, sin que se encuentren gravadas de manera específica las percepciones que se obtienen por la prestación de servicios, a través de una red pública de telecomunicaciones y sin que, en algunos casos, los concesionarios cubran aprovechamientos calculados sobre dichos ingresos, motivo por el que el impuesto especial a las telecomunicaciones que se propone resulta adecuado.  

El problema está en que el IESPS en realidad no gravará las percepciones obtenidas por la prestación de servicios de telecomunicación, sino que en realidad, al tratarse de un impuesto al consumo, será una contribución a cargo de quienes utilizamos estos servicios. 

Por lo anterior vale la pena preguntarnos: ¿quién debiera pagar el impuesto a las telecomunicaciones? Las empresas que prestan el servicio y que aparentemente han incrementado notablemente sus ingresos, o nosotros que aparentemente contratamos un servicio de lujo?