Esta "mercantilización" del amparo fiscal se da en dos modalidades, explicó el litigante Luis Manuel Pérez de Acha.
"En unos casos, mediante la venta masiva de los escritos de demanda a bajo costo (machotes), lo que ha degenerado en una inusitada depredación de precios", dijo.
"En otros, mediante la 'vulgarización' de los servicios profesionales, en razón de la cual litigantes que no son abogados ni especialistas en la materia constitucional-tributaria, compiten irresponsablemente con profesionistas que sí están calificados para ello", agregó.
Y es que, en palabras del magistrado federal Jean Claude Tron, el amparo fiscal es como una "ruleta judicial", derivada de la importancia excesiva que se da a los formalismos jurídicos sin importar el impacto económico.
Por ejemplo, en 2000 la empresa Jugos del Valle obtuvo una devolución de mil 800 millones de pesos por IVA y IEPS, luego de que en los años 90 la Suprema Corte de Justicia consideró inequitativas las distinciones para este impuesto entre distintos tipos de bebidas.
Pero unos años después la Corte aclaró que los impuestos indirectos, que son pagados por los consumidores, no deben ser devueltos a las empresas que ganan amparos, a menos que puedan demostrar que los reembolsarán a sus clientes.
Menos célebre pero igual de notable fue el caso de la empresa Porcelanite, que en 1987 impugnó, como muchas otras, la tasa fija de 35 por ciento para pago del Impuesto sobre la Renta.
La anterior integración de la Corte otorgó el amparo a Porcelanite y declaró inconstitucional la tasa fija, pero solo en ese caso.
Nunca antes en su historia, ni tampoco después, el máximo tribunal volvió a conceder un amparo semejante contra el ISR, y Porcelanite recuperó el impuesto pagado de 1987 a 1989 con intereses.
En 2005, Pérez de Acha y el académico Carlos Elizondo publicaron en el CIDE un documento sobre la Corte y los derechos de los contribuyentes, donde criticaron la intromisión excesiva del Poder Judicial en los temas fiscales.
"El privilegio que tiene la Corte para revisar la constitucionalidad de leyes fiscales no puede tenerse por irrestricto y carente de límites", afirmaron los autores.
Algunos ministros ya han alertado también contra los excesos en el amparo contra leyes fiscales, sobre todo en los últimos dos años.
"Evitemos los abusos de la autoridad que de manera irracional trate de recaudar, pero evitemos la irracionalidad de los contribuyentes que nunca quieren pagar ningún tipo de tributos", afirmó el ministro Mariano Azuela durante una sesión en abril de 2005, en que la Corte se negó a seguir otorgando amparos contra la tenencia.
José Ramón Cossío, presidente de la Primera Sala de la Corte, calificó en diciembre pasado de "preocupante" el "enorme predominio" de los amparos fiscales que año con año inundan al máximo tribunal, en detrimento de la defensa de otras garantías Constitucionales.
Fuente: Reforma
