Si bien es cierto que la determinación de contribuciones, una vez concluida la visita domiciliaria o revisión de gabinete, es ilimitada, salvo la caducidad, eso no quiere decir que la facultad de comprobación no se encuentre limitada.
En efecto, las visitas domiciliarias, por extensión las revisiones de gabinete, están permitidas constitucionalmente en el artículo 16, pero debe entenderse que esos actos están delimitados temporalmente, es decir, deben estar acotados por un tiempo prudente para lograr el objetivo que con ellos se pretende, pues de no ser así se volverían en una molestia constante o en una permanente intromisión al domicilio, lo que es contrario a la protección que otorga el citado precepto constitucional.
Por ello, el artículo 46-A, en su primer párrafo, segunda oración, resulta inconstitucional al excluir de la regla general de duración máxima de la vista domiciliaria o revisión de gabinete a cierta clase de contribuyentes, pues queda al arbitrio de las autoridades fiscales la duración del acto de molestia, pudiendo, incluso, volverse indefinido o extender la conclusión de la visita, lo que es contrario a la garantía de seguridad jurídica.
Estas ideas han sido determinadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia VISITAS DOMICILIARIAS O REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN LOS AÑOS DE 1995 A 1997), ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, EN CUANTO A QUE NO SEÑALA UN LÍMITE A LA DURACIÓN DE TALES ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE SE PRACTICAN A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 430.
Lo anterior se traduce en que si la autoridad practica una visita domiciliaria o revisión de gabinete a algunos contribuyentes a quienes no aplica el plazo máximo de duración de tales actos, y derivado de ello determina contribuciones, la resolución sería inconstitucional, porque estaría basada en actos, y sobre todo, en un artículo declarado inconstitucional, pudiendo válidamente los contribuyentes impugnarla por los medios de defensa procedentes.
