¿Legales los requisitos de permanencia?

¿Legales los requisitos de permanencia?

El artículo 31, fracción XII de la LISR señala limitaciones en cuanto al fondo de ahorro, ya analizadas por esta publicación, pero aunado a ello, determina para su deducción cumplir con los requisitos de permanencia que se establezcan en el Reglamento.

En este sentido, el artículo 42 del Nuevo RLISR estableció que:

  • el plan establezca la posibilidad para el trabajador de retirar las aportaciones, únicamente al término de la relación de trabajo o una vez por año,
  • el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y el remanente se invierta en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como en títulos valor colocados entre el gran público inversionista o en valores de renta fija determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y
  • en el caso de préstamos a trabajadores garantizados con las aportaciones del fondo, dichos préstamos no excedan del monto que el trabajador tenga en el mismo, y dichos préstamos sean otorgados una vez al año; cuando se realice más de un préstamo al año, las aportaciones serán deducibles si el último préstamo efectuado al mismo trabajador se hubiese pagado en su totalidad y hubiesen transcurrido como mínimo seis meses desde que se cubrió la totalidad del préstamo.

Esta disposición tiene varias deficiencias técnicas, además de complicar su aplicación a los contribuyentes:

  • los últimos dos puntos exceden a lo señalado en la Ley; esto es, la Ley sólo estableció que debían cumplirse los requisitos de permanencia, y no puede decirse que los mismos tengan esa naturaleza, incluso el tercero de ninguna manera guarda relación con la permanencia en el fondo,
  • el tercer punto sólo es aplicable a los préstamos otorgados a trabajadores que tengan como garantía las aportaciones del fondo, no así al resto de los mismos, aun cuando esto puede considerarse que desnaturaliza al fondo de ahorro, y
  • este mismo punto no puede aplicarse de manera retroactiva por prohibición expresa de la Constitución; es decir, no podría aplicarse a los préstamos de estas características otorgados por los patrones con anterioridad a la vigencia de la norma.