Todo mundo conoce o ha escuchado los principios constitucionales de los tributos como la equidad, proporcionalidad, legalidad y destino, pero a veces se desconocen otras garantías individuales que pudieran soportar una controversia contra algún acto de autoridad.
El principio de equidad de alguna manera es una derivación del principio general de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, en el sentido de que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Lo anterior se traduce en la igualdad jurídica; es decir, la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o la privación de un beneficio) desigual e injustificado.
En este sentido, deben evitarse las normas que proyectadas sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares.
Por ello, toda norma tributaria también debe respetar el principio de igualdad, como se plasma en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro IGUALDAD, LÍMITES A ESTE PRINCIPIO, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 99.
