Las disposiciones del nuevo Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (RTFJFA) pretenden controlar el funcionamiento del tribunal, por lo que se ha propiciado un ambiente de desconfianza y se ha cuestionado la constitucionalidad del mismo.
Al respecto, dicho Reglamento presenta algunos vicios constitucionales al controvertir la Ley Orgánica del referido Tribunal , ya que el Ejecutivo va más allá de sus facultades reglamentarias, al pretender arrebatar al Pleno del Tribunal la facultad de proponer al Presidente de la República, la designación o ratificación de magistrados previa evaluación interna, función que le corresponde de acuerdo con el artículo 16 fracción , fracción I-Bis de la Ley Orgánica del TFJFA, pues señala el Reglamento en su artículo 4o, que será la Consejería Jurídica la que integrará los expedientes que contengan la documentación y demás información necesaria para el nombramiento y ratificación de dichos magistrados, como si fueran unos empleados más del Ejecutivo, y lo profundiza al señalar en el numeral 5o que el Tribunal sólo comunicará la existencia de plazas vacantes de Magistrados y la Consejería integrará el expediente de cada uno de los candidatos a ocupar las plazas correspondientes.
Pero se extralimita cuando en el artículo 11 del mismo Reglamento se dice: "Las propuestas del Tribunal sobre ratificación o no ratificación, únicamente se referirán al nombre del Magistrado próximo a concluir su encargo, sin acompañar mayor información"; en otro giro, el Tribunal no tiene voz para opinar acerca de los nombramientos y la ratificación, lo que contradice la letra de la Ley Orgánica y la Constitución que señala la plena autonomía del Tribunal para dictar sus fallos, y esta autonomía no puede darse si es excluido el Tribunal del proceso de nombramiento de Magistrados como pretende hacer el Ejecutivo.
Estos argumentos han sido manifestados en la controversia constitucional presentada por el Senado ante el Máximo Tribunal, y aun cuando los asuntos que se resuelven ante él en ocasiones no son resueltos completamente apegados a derecho, puede comentarse que la controversia constitucional en comento cuenta con los elementos suficientes para que se declare inconstitucional el mencionado Reglamento.
