El 10 de noviembre de 2009 fue presentado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Senadores el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM); Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); Ley de Expropiación (LE); Ley Agraria; Ley General de Bienes Nacionales y Código Federal de Procedimientos Civiles.
Tal decreto intentaba crear las asociaciones público privadas (APP): una figura jurídica sui generis que concentra una sinergia a largo plazo entre particulares y gobierno para llevar a cabo proyectos principalmente de infraestructura.
El poder Ejecutivo ha insistido en que se apruebe el proyecto, el cual fue analizado por IDC, Asesor Jurídico y Fiscal en el artículo “Cásese con el gobierno: preste servicios”. Las asociaciones público privadas son una figura corporativa que en otros países impulsan el crecimiento de las industrias de la construcción y de telecomunicaciones, entre otras.
