Montaje de la AFI vulneró derechos de Florence Cassez

El Ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, propone liberar a la francesa, condenada por secuestro, debido a que violaron sus derechos

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 .  (Foto: IDC online)

El presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ministro Arturo Zaldívar, propone amparar a la francesa Florence Cassez, “y ordenar su inmediata y absoluta libertad”, debido a que fue condenada por secuestro en un proceso en el que se violaron sus derechos fundamentales, “dejándola en una indefensión total”.

El proyecto de sentencia del amparo directo en revisión, elaborado por Zaldívar, argumenta que está acreditado en el expediente la realización de un montaje -ante los medios de comunicación- por parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI), a través del cual se expuso a Cassez “como la responsable de la comisión de tres secuestros”.

A esta escenificación, “que no encuentra justificación constitucional alguna”, se añade que Florence Cassez no contó con una asistencia consular efectiva, además de que no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público, explicó la SCJN en un documento entregado a la prensa.

Estas tres violaciones produjeron “una indefensión total de Florence Cassez”, y provocaron “la afectación total del procedimiento, al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada”, apunta el proyecto.

Por ende, todas estas violaciones “generaron en el caso concreto un efecto corruptor en todo el proceso penal y viciaron toda la evidencia incriminatoria en contra” de la ciudadana francesa.

El proyecto de Arturo Zaldívar debe ser aprobado por la mayoría de los cinco Ministros que integran la Primer Sala de la SCJN.

Florence Cassez, actualmente de 37 años, se encuentra detenida en México desde diciembre de 2005; fue sentenciada en abril de 2008 a 96 años de prisión por los delitos de secuestro, portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En marzo de 2009 un Tribunal le redujo la pena de prisión a 60 años.

El 10 de febrero de 2011, el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito le negó un amparo directo. Su defensa solicitó que la Suprema Corte revisara dicha resolución.