Un toque empresarial al ámbito público

El mecanismo nacido en el sector privado debe ser integrado en el público para un funcionamiento más acertado de los órganos gubernamentales
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 .  (Foto: IDC online)

Cuando se escucha hablar del Gobierno Corporativo, quizás una de las principales reacciones que se pudiese tener, sería la de ligarlo instintivamente al sector empresarial y comercial.

Empresas que cotizan o no en el mercado bursátil (como lo es  la Bolsa Mexicana de Valores, el London Stock Exchange o el New York Stock Exchange), han adoptado o hecho suyas muchas de las recomendaciones de mejores prácticas corporativas propuestas por códigos nacionales (Código de Mejores Prácticas Corporativas) e inclusive internacionales (por ejemplo, los Principios de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Reporte Cadbury, el Informe Olivencia, etc.), pero la realidad es que el Gobierno Corporativo no se circunscribe o limita exclusivamente al sector privado y a las empresas, pues también es aplicable al sector público, el cual puede coadyuvar a desalentar –al igual que sucede en el sector privado– las malas prácticas como los comportamientos abusivos y deshonestos, la falta de ética, transparencia y lealtad, a la vez que redimensiona responsabilidad social por parte de nuestros servidores públicos, observa el licenciado José Miguel Zozayacorrea Kuri, Socio de Baker & McKenzie del Grupo de Práctica Corporativa.

IMPORTANCIA

La importancia de la existencia del Gobierno Corporativo en el sector privado surge, en principio, cuando se da una separación entre quienes tienen la propiedad corporativa (control accionario) y quienes ostentan el dominio efectivo (control administrativo) de las empresas.

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 -  (Foto: Redacción)

De tal disgregación surge un problema, mismo que se ejemplifica con la siguiente pregunta: ¿cómo asegurar que los encargados de manejar y administrar la corporación y sus recursos, se conduzcan exclusivamente conforme al interés de los dueños de la misma? Aquí nace la trascendencia del  Gobierno Corporativo, pues éste constituye una posible solución al problema presentado y una respuesta efectiva ante posibles conflictos de interés y abusos en escenarios diversos.

Muchas de las recomendaciones de mejores prácticas corporativas presentes en el sector privado, ayudan a brindar un nivel de transparencia adecuado a los intereses de los accionistas, así como a los de personas externas interesadas en el actuar de la sociedad.

Por citar algunas de las recomendaciones, se pueden enumerar:

  • la creciente demanda de información contable
  • el establecimiento de determinados sistemas de auditoría y control interno
  • la exigencia de una mayor rendición de cuentas
  • las recomendaciones con respecto al uso de consejeros independientes

¿AL ÁMBITO PÚBLICO?

Una vez justificada la necesidad de la implantación de adecuados sistemas en las empresas, causado en gran medida por el riesgo que implica la existencia de la separación entre la propiedad y el control de las mismas, se hace necesario exigirle responsabilidad a los administradores por sus actuaciones; por ende, dicho problema también es apreciado en el ámbito público.

Es claro que las autoridades encargadas de dirigir, controlar y administrar al Estado (por lo tanto, los recursos públicos), muchas veces parecen olvidarse de las responsabilidades implicadas en el ejercicio del poder, que éstas trascienden el propio interés personal, no obstante, se administran los recursos de toda la sociedad en ocasiones de una forma irresponsable y deshonesta, confirmándose así la innegable necesidad de implementar algunos de los principios de Gobierno Corporativo en las instituciones públicas.

De esa forma se podría contar con más y mejores controles, los cuales asegurarían que los órganos integrantes del sector público se administren de forma transparente y eficiente en favor de todos los gobernados.

Sugerencias de principios aplicables

En este tenor, en nuestro país es preciso que apoyados por tales principios, se:

  • redefinan las funciones esenciales a cumplir por el poder público
  • mejoren los mecanismos de gobierno

En otras palabras, al sector público le urge evolucionar, pues requiere propiciar, reforzar y restablecer la confianza de los gobernados en las instituciones y organismos que de él dependen.

En vista de lo anterior, es necesario identificar e implementar en ese ámbito los principios de buen gobierno que erigirían un Gobierno Corporativo público como instrumento capaz de propiciar una participación activa y vigilante por parte de los ciudadanos.

No es fácil tomar todas las mejores prácticas surgidas en la esfera empresarial e intentar adaptarlas o implementarlas a las necesidades del campo público, porque son distintas (o al menos, en apariencia, como se verá a continuación).

Principales diferencias

OBJETIVO

Una de las disimilitudes sustanciales  presentes entre ambos sectores, consiste en los objetivos trazados. Mientras que el público se basa en relaciones de dominación y busca como fin el bien común de la sociedad, el privado se cimienta en relaciones de intercambio donde la competencia y las utilidades adquieren especial importancia.

TOMA DE DECISIONES

El ámbito privado cuenta con una estructura organizacional mucho más flexible y menos jerarquizada que la del público, ya que en el primero intervienen una menor cantidad de personas en el proceso de la toma de decisiones para la adecuada realización de sus proyectos, así como para la elaboración de estrategias de empresa agilizando ese proceso, lo cual provoca la ejecución de acciones oportunas, haciendo factible la prevención y solución de conflictos.

Por otro lado, la esfera pública tiende a ser menos maleable, más jerarquizada, y mucho más lenta en la toma de decisiones debido en parte a una mayor aglomeración de personas con diferentes opiniones políticas, que dificultan en gran medida la existencia de un adecuado proceso de los aquí abordados.

LEGITIMIDAD

La forma en la que ambos sectores se legitiman ante la sociedad; pues mientras que en el sector privado la legitimidad de una organización se manifiesta a través de su supervivencia y estabilidad en el mercado (la cual se debe principalmente a la calidad de sus productos y servicios, así como a su buena administración), en el público tal cualidad se obtiene por medio del voto, que, como sabemos, no necesariamente se consigue como resultado de una buena administración. sino que muchas veces –lamentablemente–, está basado en factores subjetivos, como pudieran ser las propuestas y promesas de campaña (raras veces cumplidas) o en la imagen (cortesía de una buena mercadotecnia y apoyo de los medios de comunicación) presentada de un determinado candidato.

ESTABILIDAD

Otra de las diferencias importantes, se encuentra en la forma en la que ambos medios se ven afectados en un período de crisis económica, ya que mientras una crisis puede representar el fin de muchas empresas, la afectación en el público es menos radical, pues –en teoría– el estado no puede quebrar.

¿DIFERENCIAS IRRECONCILIABLES?

Las desemejanzas descritas representan desde luego aspectos fundamentales a considerar para saber si puede implantarse el Gobierno Corporativo en el ámbito público, más no son definitivas, pues el hecho de que ambos sean distintos, no implica necesariamente que su administración deba sustentarse en principios desiguales, ya que los dos comparten problemas en lo que compete a la organización, la dirección, la normatividad, las funciones, etc.

MODELOS EXITOSOS

Actualmente son muchos los países que han mejorado la relación entre sus ciudadanos y sus entidades públicas, a través de la instauración de principios del buen Gobierno Corporativo a lo largo y ancho de su sector público. Basta mencionar el Government Performance and Results Act de 1993 en los Estados Unidos de América, el Ministerial Code del año 2010 en el Reino Unido, así como también la gran influencia que tuvo (y sigue teniendo) el Committee on Standards in Public Life (también llamado Comité Nolan) de 1994 en el mismo país.

Asimismo, no podemos menospreciar la importancia del Reporte Uhrig del año 2004 en Australia, así como la trascendencia de las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo en las empresas del sector público. 

SITUACIÓN DE MÉXICO

La República Mexicana por su parte, aun cuando muestra un gran atraso en este proceso, ya ha comenzado a mostrar algunos indicios de proactividad en este sentido. Ejemplo de ello es la reciente reforma al Gobierno Corporativo de Petróleos Mexicanos, gracias a la cual –entre otras cosas– se integraron consejeros independientes a su consejo de administración. Aunque es sólo un paso, de esta forma se reconoce tácitamente la importancia del tema en las entidades públicas.

Áreas de oportunidad

Es preciso, pues, convencer que los principios de Gobierno Corporativo pueden ayudar a resolver problemas serios padecidos en el país, entre los que se encuentran:

  • corrupción (factor principal)
  • carencia de mercado competitivo
  • fácil acceso de los órganos del sector público a los recursos financieros
  • cambiantes períodos políticos que en lugar de dar continuidad, atrofian cualquier sistema con miras a mejorar avances en la forma de administrarse
  • falta de compromiso y participación ciudadana en cuestiones gubernamentales

Estos problemas pueden y deben superarse mediante la aplicación de los principios en comento, los cuales, entre otras muchas aportaciones, buscan que no se den los siguientes escenarios:

  • conflictos de intereses
  • autoridades actuando como juez y parte
  • niveles mínimos de vigilancia en la administración
  • deficiente rendición de cuentas
  • controles inefectivos tocantes a la prevención y detección de comportamientos ilegales
  • ausencia de sistemas efectivos de prevención de riesgos

COMUNICACIÓN, FACTOR CLAVE

Además, el Gobierno Corporativo puede ayudar a establecer canales de comunicación adecuados que mejoren las relaciones y la confianza entre los ciudadanos y las entidades estatales.

De entre sus diversas aportaciones, que ayudan a ello, se encuentran las siguientes cuatro aportaciones básicas que pueden mejorar el desempeño de dichas entidades:

Principio Trascendencia
Gestión   Corresponde a la forma en la que se dirige el trabajo, enfocado a concretar los objetivos. Esto conlleva una responsabilidad por parte del servidor público encargado de la labor, por lo que resulta necesario suprimir aquella facultad discrecional sin responsabilidad que impera en el sector público, a representar sólo otra forma de fomentar la búsqueda de privilegios personales, a costa del interés público
Transparencia y rendición de cuentas   Es necesario que cada funcionario proporcione un mínimo de información acerca de todas y cada una de las tareas que le hayan sido encomendadas, así como de los resultados que se obtuvieron. Se busca que el servidor público rinda cuentas acerca de las responsabilidades y facultades que le fueron otorgadas durante el tiempo de su gestión, lo cual supone que el servidor público sea capaz de explicar a la sociedad sus acciones, aceptando consecuentemente la responsabilidad derivada de ellas
Control y supervisión   Es claro que estos principios representan importantes factores para cerciorarse de que los hechos van de acuerdo con los objetivos previamente adoptados, para que en caso contrario, puedan corregirse desviaciones y evitar que se produzcan nuevamente. Estos principios no deben quedarse en una mera evaluación de la obediencia y alcance de los objetivos, sino contar con un adecuado sistema de sanciones para que las tareas efectivamente se realicen, y no únicamente eso, sino correctamente. La aplicación de sanciones es un elemento fundamental para garantizar un sano proceso de gobernabilidad. La ausencia de controles eficaces y eficientes, así como la carencia de una autoridad competente para ejecutarlos, es uno de los principales problemas que ponen en riesgo tal proceso, en donde muchas veces sucede que el órgano encargado de aplicar las sanciones administrativas a los servidores públicos que actúan de forma ilícita, se ve altamente influenciado por diversos intereses políticos y partidistas, los cuales causan que en lugar de actuaciones imparciales al aplicarlas a los servidores públicos responsables, se proceda con una total parcialidad, afectando directamente la esencia de los principios sugeridos
Independencia y objetividad   Este principio (mismo que se refleja en el Gobierno Corporativo con la incorporación de consejeros independientes a los consejos de administración o con la rotación de los asesores de auditoría por ejemplo) exige que los servidores públicos no se vuelvan juez y parte en el ejercicio de sus funciones, de forma que sus decisiones sean tomadas con una mayor imparcialidad e independencia de criterio Si se explora el sector público mexicano, se hallan numerosas irregularidades relacionadas con este principio, ya que muchas veces el encargado de tomar las decisiones es también parte en el proceso, y casualmente, el resultado de las mismas lo suele beneficiar

Se señalaron algunos de los principios del Gobierno Corporativo, que se consideran pueden ayudar a reforzar la salud del sector público. La realidad es que para que estos principios puedan aplicarse certeramente, todos los ciudadanos deben comprometerse con el Gobierno, pues, en efecto, aunque haya quienes crean que tanto en el entorno público como en el privado, el Gobierno Corporativo consiste únicamente en establecer estructuras adecuadas, la realidad es que no garantizarán el buen funcionamiento de los órganos de gobierno si la sociedad no se preocupa por ejercer los derechos que le son propios, pero también, por cumplir con sus responsabilidades.  

CONCLUSIONES

La pérdida de confianza en las entidades que integran el sector público –no únicamente en función de las personas que los conforman, sino también en función de las reglas para su desempeño– es un fenómeno que ha tenido lugar, en parte, por el mínimo nivel de responsabilidad que ha caracterizado a muchos de nuestros servidores públicos, quienes varias veces toman decisiones sin considerar el interés general. Esto, como puede observarse, no sólo impide que pueda haber un debido proceso de gobernabilidad, sino que daña también la vida democrática de nuestro país.

El tema del Gobierno Corporativo es una realidad que no podemos ni debemos ignorar; es una herramienta de la que se debe obtener provecho, no únicamente en el terreno privado, sino como un fenómeno que refuerza la salud del terreno. Sus principios nos han demostrado que no son de aplicación exclusiva ámbito privado, sino que también pueden servir de apoyo para incrementar el nivel de eficiencia y eficacia de las autoridades.

Si bien ya se dio inicio a esta tarea, se requiere:

  • que los encargados de nuestros órganos de gobierno se comprometan por trabajar en la aplicación de estos principios
  • de la participación de todos los ciudadanos

Cabe recordar que así como en la esfera privada se busca que la asamblea de accionistas esté al tanto de que el órgano de administración cumpla con sus deberes de lealtad y diligencia, actuando únicamente a favor de los accionistas y de la sociedad en general, también en el sector público es necesario que los ciudadanos estén al pendiente de que entidades operan adecuadamente y cumplen con sus cometidos del mejor modo posible.