La reforma penal de 2008 es una respuesta del Estado al derecho ciudadano “de contar con una justicia pronta y expedita”, y gozar de una administración e impartición de justicia respetuosas de la legalidad, en las que no caben las “valoraciones basadas en pruebas ilegales que vulneren los derechos humanos de las partes”, consideró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls Hernández.
No obstante, aclaró, la reforma mencionada “en sí misma no garantiza el adecuado funcionamiento del sistema” de justicia en México, pues para que esto sea posible se requieren diversos cambios “que generen una conciencia del nuevo sistema” y permitan la adecuada transición al mismo, explicó el también presidente de la Segunda Sala del máximo tribunal del país en un comunicado.
Es por eso que la reforma penal es una de las más importantes que se han realizado en el país desde la Constitución de 1917, ya que “implica un cambio de mentalidad que debemos de estar dispuestos a entender y asumir”, dijo.
“Tenemos que adoptar el compromiso, desde todas nuestras esferas, para que el nuevo sistema de justicia penal -que tenemos que construir- funcione de acuerdo a los objetivos para los cuales fue creado”, enfatizó el ministro.
Los cambios al sistema penal mexicano incluyen transformar “el sistema penal mixto” que rige al país, por un sistema de corte acusatorio a través del cual se busca el respeto a la igualdad entre las partes, y la garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales, concluyó.
