El pasado 17 de abril fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a diversas leyes conocidas en conjunto como Ley de Geolocalización: Código de Procedimientos Penales, Código Penal y Ley Federal de Telecomunicaciones.
El objetivo de las modificaciones, conforme a la exposición de motivos, es la posibilidad de investigar con mayor eficiencia delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas, e inhibir además el robo de celulares y su uso para fines delictivos.
Estas reformas permitirán la localización geográfica de cualquier teléfono celular, sin que sea necesaria una autorización judicial previa, por lo que -sin los controles adecuados- el uso de estas tácticas abre la posibilidad de abusos.
El monitoreo en tiempo real de la localización geográfica de un teléfono móvil revela información sensible sobre el usuario. Se trata del derecho a la privacidad que protege a los ciudadanos de interferencias de la autoridad arbitrarias o abusivas.
Para especialistas en derechos humanos, la ausencia de límites puede significar la inconstitucionalidad de esta medida por violar los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que México es parte.
