Comisión Permanente rechaza el ACTA antipiratería
Legisladores apuntan que el Acuerdo Contra la Falsificación puede vulnerar leyes mexicanas
Corporativo
La Comisión Permanente del Congreso mexicano expresó su rechazo a la firma del Acuerdo Comercial Contra la Falsificación, conocido como ACTA por sus siglas en inglés (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), “porque se ignoró la recomendación emitida por el Senado” en la que se le pedía al poder Ejecutivo que no signara ese documento.
“Los senadores argumentaron que el ACTA contiene elementos que pueden vulnerar leyes mexicanas y transgredir derechos consagrados en la Constitución”, apuntó la Comisión Permanente en un comunicado.
Los miembros de ese órgano legislativo aprobaron un acuerdo en el que llaman al Ejecutivo federal “a realizar las gestiones necesarias” para que México establezca reservas al artículo 27 del ACTA, y a “cualquier otra disposición que pueda afectar derechos fundamentales”.
El punto aprobado por la Comisión Permanente incluye citar al secretario de Economía, Bruno Ferrari, y al director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, José Rodrigo Roque Díaz, así como a un representante de la Cancillería, “para que informen las razones” por las cuales el Ejecutivo federal firmó el ACTA el pasado 11 de julio.
Si bien se reconoce la voluntad para preservar y defender los derechos de la propiedad intelectual y de autor, la Comisión Permanente consideró que “dichas acciones no deben dañar los derechos fundamentales de libertad de expresión, prensa e información”.
El ACTA, que debe ser ratificado por la Cámara de Senadores, pretende una mejor protección internacional de los derechos de propiedad intelectual, aunque Organizaciones No Gubernamentales en todo el mundo lo han criticado por la posibilidad de que se utilice para censurar los contenidos de Internet.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), este acuerdo violenta “las garantías individuales de libertad de expresión, seguridad y debido proceso”, así como las garantías de audiencia y de privacidad de las comunicaciones.
Para Amnistía Internacional, el ACTA no garantiza “un adecuado equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y el derecho a la libertad de expresión”, advirtió Amnistía Internacional (AI).
El aspecto más polémico del ACTA es su intención de regular el traspaso de datos en Internet, y la creación de instituciones internacionales con capacidad para sancionar las violaciones a los derechos de autor.