El diputado Felipe Arturo Camarena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso reformar los artículos 5 y 18 de la Constitución mexicana para incluir en ella “un sistema de labor obligatorio en los centros de reclusión”, con el fin de que el trabajo productivo sea parte de la readaptación de los internos.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja, señala que la federación, los estados, y el Distrito Federal, deben celebrar convenios con el sector privado “para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia realicen los trabajos a que están obligados durante la extinción de su pena”.
Esta iniciativa considera que el trabajo en las prisiones del país debe ser obligatorio y no potestativo para los presos.
De igual forma, el proyecto plantea que las autoridades deben convenir con el sector privado a fin de que éste participe en la construcción de centros de reclusión.
