La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcela Guerra Castillo, propuso en el pleno de la Cámara alta, que notarios y corredores públicos sean encarcelados si incurren en actos de corrupción.
En específico, propuso modificar el Código Penal Federal “para imponer de dos a seis años de prisión, y suspensión e inhabilitación, a los fedatarios que hagan constar actos jurídicos por los que se creen, transfieran, modifiquen o extingan obligaciones y hechos, a sabiendas de que no sean ciertos y generen un beneficio de cualquier índole a un tercero”, detalló la Cámara de Senadores en un comunicado.
La legisladora apuntó que algunos notarios, “carentes de escrúpulos”, han sido cooptados por la delincuencia organizada “para dar fe de transferencias de derechos de propiedad o de declaraciones unilaterales de voluntad en las que se coacciona a los titulares” de esos derechos.
Al ser amenazados en su integridad y hasta por temor a perder la vida, reiteró Guerra Castillo, “los titulares legítimos de los derechos se ven en la necesidad de realizar actos en contra de su voluntad y en perjuicio de sus intereses”.
La senadora sugirió además aumentar en un 50% la sanción para quienes se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos de los que se de fe, y que resulten falsos y se encuentran relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.
Dijo que la función de estos servidores debe ejercerse de manera imparcial, “pero actualmente se han dado algunos casos en que licenciados en derecho que cuentan con la patente de notarios y corredores públicos se han prestado para dar fe de actos jurídicos viciados por no contar con la voluntad de una de las partes”.
En estos casos, se han emitido testimonios notariales “en los que se insertan hechos falsos o en los que se simulan actos jurídicos que han causado afectación y perjuicio económico a las partes que son obligadas por terceros a participar en los mismos”.
La iniciativa se envió a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
