México ha realizado progresos en el combate a la corrupción, aunque se mantienen varias deficiencias en las normas de la materia, además de que han sido lentos los cambios legislativos que ayudarían a este proceso, consideró en un análisis la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Un grupo de trabajo de esa institución recomienda al país promulgar –lo más pronto posible- leyes especializadas que ayuden a resolver “las graves carencias en la responsabilidad de las personas jurídicas”.
De igual forma, se requieren enmiendas legislativas que permitan la confiscación de bienes de empresas y ciudadanos que sean responsables de sobornos a la autoridad.
Si bien la lucha en contra de la corrupción “es una prioridad para el gobierno mexicano”, a decir de la OCDE, el país aún debe mejorar su nivel de respuesta ante este tipo de ilícitos.
De hecho, el organismo considera que, debido al perfil de la economía mexicana, las instituciones podrían estar expuestas a casos de corrupción provenientes del extranjero.
