Sólo el 16% de los ciudadanos que respondieron la encuesta semanal de IDConline consideran que, de aprobarse en el Senado, la nueva ley de amparo les beneficiará.
De hecho, la mayoría (45%) considera que esa norma les puede perjudicar, en tanto que casi cuatro de cada diez encuestados admiten que desconocen la iniciativa.
El pasado 12 de febrero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Amparo que plantea una reforma integral a este recurso, haciéndolo más ágil y oportuno, e incorporando en éste la protección a los derechos humanos.
Quienes apoyan la reforma sostienen que el nuevo amparo protegerá a los ciudadanos no sólo con los derechos contenidos en la Constitución, sino también con aquellos que se expresan en convenciones internacionales.
De igual forma se amplía el ámbito de tutela, protegiendo intereses legítimos de las personas, y establece la posibilidad de que haya declaratorias generales de inconstitucionalidad.
La reforma extiende también la esfera de protección del juicio de amparo, ya que los tribunales de la federación resolverán toda controversia que nazca por normas generales, o por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que México es parte.
Así mismo, fortalece las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tendrá nuevas atribuciones para la integración de jurisprudencias y la resolución de contradicciones de criterios.
También plantea la creación de Plenos de Circuito que serán los encargados de sustanciar los Amparos en Revisión interpuestos en contra de los Tribunales de Circuito.
