El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, demandó la existencia de un Código Procesal Penal Único en todo el país, ya que un instrumento de este tipo “innegablemente fortalecerá el Estado de derecho”.
Por este motivo, Silva Meza urgió a hacer realidad la reforma constitucional penal del 18 de junio de 2008, “mediante una implementación ordenada, uniforme, sistemática, y congruente, y sobre todo, respetuosa de los Derechos Humanos, lo que en mucho se logrará con la emisión del Código Procesal Único para todo el Estado mexicano”, detalló la SCJN en un comunicado.
Este código adjetivo, como ley secundaria, redefinirá los contenidos del debido proceso penal y permitirá dotar de certidumbre y seguridad jurídicas a los ciudadanos, consideró el ministro.
Silva Meza recordó que en fecha recientes, con la adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio, y con la celebración del llamado Pacto por México, entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos, resurgió “con mayor fuerza la idea de lograr una codificación penal única”, a la que se han sumado en los hechos el Poder Legislativo y diversas organizaciones de la sociedad civil.
“El logro de una codificación única no es ociosa, por el contrario, ha ido congregando con el paso del tiempo razones de gran peso que logran justificar su necesidad, sobre todo, en el caso particular de México, el que, junto con los Estados Unidos, constituyen las excepciones de Estados federados que no cuentan con una legislación penal aplicable en todo su territorio”, recordó el presidente de la Corte.
Comentó que la divergencia de codificaciones penales, tanto sustantivas como adjetivas en nuestro país, y los problemas que ello genera, los que se han incrementado a partir de la adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio, han sido el detonante de más argumentos a favor de un Código Penal y un Código Procesal únicos para todo el Estado mexicano.
Al respecto, el ministro recordó que a la fecha, existen 33 códigos penales y procesales que corresponden, uno a la Federación, 31 de las entidades federativas y uno del Distrito Federal, que regulan tanto el derecho sustantivo como procesal penal.
Con el inicio de vigencia del Sistema Procesal Penal Acusatorio en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, se suman 12 legislaciones procesales.
“La existencia de 78 legislaciones en materia penal en el sistema jurídico mexicano ha permitido advertir las inconsistencias e incluso dispersión en el establecimiento de los tipos penales, de su punición, de su integración normativa, objetiva y subjetiva, la delimitación de los principios, sujetos y figuras procesales, de las modalidades y gravedad de los delitos, y como consecuencia, la generación de criterios jurisprudenciales contradictorios, entre otras advertencias que denotan la falta de homogeneidad legislativa” señaló.
En la práctica, esta dispersión trae como consecuencia la aplicación de normas opuestas, por ejemplo, que en una entidad federativa un hecho delictivo sea considerado grave, mientras que en otra, con los mismos elementos configurativos, no sea considerado como tal, lo que conlleva a la procedencia o no de beneficios, como el otorgamiento de la libertad caucional, o bien la imposición de la prisión preventiva.
A lo anterior, enfatizó Juan Silva Meza, se agrega la disparidad de marcos punitivos o penas aplicables, lo que indefectiblemente genera un ambiente de desigualdad e inseguridad jurídica para las personas sujetas a proceso, a quienes por hechos tipificados de similar forma por leyes diversas, les corresponderán penalidades también distintas.
Todo esto también ha incidido en una inapropiada percepción del sistema de impartición de justicia en México, “al apreciarlo las personas afectadas como relativo y deficiente”, destacó.
