Reto de reforma energética, dar confianza a inversionistas

El IMCO indicó que el éxito de la iniciativa se evaluará en función de la capacidad de detonar inversión

Petróleos Mexicanos (Foto: Notimex)
 Petróleos Mexicanos (Foto: Notimex)  (Foto: Redacción)

México (Notimex).- El reto de la reforma energética propuesta por el Ejecutivo federal será otorgar certidumbre jurídica a los inversionistas, consideró el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas Carpizo.

"Si no logramos suficiente certidumbre jurídica, aún dentro del contexto de una reforma constitucional, no podremos maximizar el potencial de generación de crecimiento económico que tiene el sector hidrocarburos en México", sostuvo el líder del organismo.

A su vez, estimó que el éxito de la reforma se evaluará en función de la capacidad de detonar inversión, atracción de talento, capital humano y tecnología.

Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa, es permitir al gobierno celebrar contratos de utilidad compartida con particulares, en los cuales se tiene que revisar qué certidumbre jurídica se les dará a los inversionistas.

"Modificar la Constitución es políticamente muy difícil, pero jurídicamente más sencillo en el sentido de que lo que estás cambiando es un par de líneas, (pero) el mayor reto jurídico está en darle certidumbre a los inversionistas a través de la ley secundaria", subrayó Juan Pardinas.

En su opinión, consideró que la reforma energética detonará crecimiento e inversiones, aunque no aprovecha al máximo el potencial del sector, lo que sí se hubiera logrado con un modelo de concesiones como el que planteaba el IMCO, pues éste genera mayor certidumbre.

Añadió que a este organismo privado también le hubiera gustado que en la iniciativa hubiera una distinción más clara entre Pemex como operador de los recursos, y los hidrocarburos como propiedad de la Nación.

En materia de electricidad, dijo, la reforma energética está alineada a nuevo estudio que el IMCO está próximo a presentar, en el que plantea que hay que romper el conflicto de interés de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre ser generador y ser transmisor.