La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entró en vigor el pasado 17 de julio, y cuyo reglamento fue publicado la semana pasada, impone diversas obligaciones a los ciudadanos que pueden significar un riesgo para su seguridad personal.
La norma, cuyo origen es parte de los compromisos contraídos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (FATF-GAFI), tiene como propósito imponer un estricto control a ciertas actividades económicas que suelen utilizarse por el crimen organizado para introducir al sistema financiero recursos obtenidos de manera ilícita.
Para lograrlo, la ley exige que los compradores de ciertos bienes o servicios se identifiquen proporcionando copia de su identificación oficial, la cual quedará a disposición de la empresa que oferta los productos, lo que de entrada pone en riesgo al consumidor si partimos del hecho de que -la mayoría de las empresas en el país- no protege de manera adecuada los datos personales de sus clientes.
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