Por Mauricio Torres
Cinco años después de que el Congreso mexicano aprobara los juicios orales, los legisladores iniciarán la discusión de una de las leyes clave para que estos puedan funcionar en todo el país: el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los senadores que analizan el tema reconocen que el Poder Legislativo está atrasado en aprobar las leyes secundarias de la reforma penal de junio de 2008, que estableció un plazo de ocho años para que los juicios actuales, basados en expedientes escritos, sean sustituidos por procesos orales y públicos.
Para algunos legisladores, sin embargo, es posible empezar a sacar adelante un Código procedimental para todo el país antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, el próximo 15 de diciembre.
"Esa es la intención. Tenemos un grado importante de avance con los grupos parlamentarios", dijo Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, que este miércoles tiene previsto iniciar la discusión del Código Nacional de Procedimientos Penales.
"Llevamos cinco años desde que se aprobó la reforma en materia de justicia. No había sido posible concretar un código único… (pero) una vez que quede aprobado definitivamente por el Congreso de la Unión, el libreto serán las reglas con las cuales funcionarán los juicios orales en nuestro país. Es un avance muy importante", agregó.
La propuesta de Código Nacional de Procedimientos Penales fija las reglas que deberán seguir todos los juicios en el país, tanto federales como locales.
Actualmente, la federación y los estados tienen sus propias normas. Las federales están incluidas en un código que data de 1934, aunque ha sufrido desde entonces innumerables enmiendas.
La nueva propuesta, por ejemplo, establece que todas las audiencias de un juicio tendrán que ser públicas, con acceso a medios cuando el juez lo permita, que deberán grabarse en audio o video, y que cualquier abogado defensor tendrá que contar con cédula profesional.
También incluye los derechos de víctimas y acusados. Según el texto, las primeras podrán pedir a las autoridades tanto protección como asistencia médica y psicológica, mientras que los imputados podrán solicitar no ser exhibidos ante la prensa, y asistencia social para los menores que estén a su cargo.
Samuel González Ruiz, especialista en seguridad e integrante del Consejo Técnico que participó en la redacción del nuevo código, consideró que ese es el principal mérito del documento, porque ayudará a tener juicios en los que se protejan los derechos de ambas partes en pugna.
"Para establecer equilibrio, se tiene que generar un proceso que le dé derechos a ambas partes. Y ese es el elemento que este código tiene. Es un código equilibrado", dijo.
Juristas consultados consideraron positivo que el Congreso esté por discutir el tema. Sin embargo, señalaron que los legisladores tendrán que trabajar con rapidez, porque el funcionamiento de la reforma penal no solo requiere cambios legales, sino que se capaciten policías, ministerios públicos, abogados y jueces.
"Cuando menos ya se ve una luz. Me parece que esa parte es positiva. Nos faltan tres años de los ocho de la reforma constitucional, pero cuando menos ya estamos en el camino", dijo el académico Francisco Burgoa, profesor de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El documento que será votado en comisiones fue elaborado a partir de tres propuestas: una de las priistas Cristina Díaz, Diva Hadamira Gastélum e Hilda Flores; una de Pablo Escudero, del Partido Verde, y otra presentada por senadores de varios partidos, entre ellos el panista Roberto Gil Zuarth, la priista Arely Gómez y el perredista Manuel Camacho Solís.
Al asumir la presidencia en diciembre pasado, el priista Enrique Peña Nieto anunció que una de sus primeras 13 acciones de gobierno sería enviar una iniciativa de código único de procedimientos penales. Sin embargo, hasta la fecha no la ha enviado al Congreso.
Con información de CNN México
