La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional en materia político-electoral, aunque los legisladores hicieron algunos cambios a la minuta que les mandó el Senado, por lo que regresará a esa instancia legislativa.
Los diputados avalaron los cambios a la carta magna –en lo particular- con 401 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones, aunque se presentaron alrededor de 165 reservas a 37 artículos, de las cuales 36 proponían cambios y sólo una la adición de un artículo transitorio.
Con esto se aprobó la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) y de la Fiscalía General de la República, que sustituiría a la Procuraduría General de la República (PGR).
También se avaló la posibilidad de conformar gobiernos de coalición; la reelección de legisladores federales; que la toma de posesión del presidente de la República sea el 1 de octubre; y el cambio de fecha de las elecciones intermedias a partir de los comicios de 2015.
Cabe destacar que la reelección consecutiva de los diputados podrá ocurrir con aquellos que sean electos en 2018, y no a partir de 2015, como lo habían aprobado previamente los senadores.
También se establece que los diputados, y no los senadores, sean los encargados de nombrar a los integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La Cámara baja también cambió el porcentaje de los votos necesarios para el registro de nuevos partidos políticos al 3% de la votación válida, y no al 3% de la votación total (que incluye votos nulos). Debido a estos cambios, la reforma política regresará al Senado para que esa instancia apruebe en definitiva la minuta.
La reforma política forma parte de una serie de cambios legislativos que han ocurrido como parte de las acciones del Pacto por México, que establecieron los tres principales partidos del país con el gobierno federal.
Debido a que se trata de cambios a la Constitución, luego de que el Senado avale las modificaciones de los diputados, la propuesta debe ser aprobada por el 51% de los Congresos de los estados.
