Por Mauricio Torres
A pesar de que la mayoría de los ministros se ha declarado a favor de que autoridades federales localicen –sin orden judicial previa- teléfonos celulares relacionados con crímenes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso su fallo para que el proyecto de resolución sea modificado y se incluyan las excepciones en las que esa facultad podrá utilizarse.
La propuesta de modificación será presentada, discutida y votada el jueves, informó la ministra Margarita Luna Ramos durante la sesión del martes.
Luna Ramos es la autora del proyecto que plantea declarar constitucional la llamada ley de geolocalización, una medida que genera polémica porque permite a la Procuraduría General de la República (PGR) solicitar a las compañías telefónicas que rastreen aparatos vinculados con delitos graves, sin tener que contar con autorización de un juez, la cual está vigente desde 2012.
Ocho de los 11 ministros están a favor del proyecto. Sin embargo, cuatro de ellos consideran que es necesario que la SCJN fije los criterios que deberá seguir la PGR, a fin de evitar abusos contra ciudadanos.
Arturo Zaldívar, uno de esos cuatro ministros, consideró que no basta con que la ley señale que la medida únicamente podrá emplearse cuando se trate de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, amenazas y extorsión, sino que debe restringirse a “casos de urgencia”, es decir, cuando peligre la vida o la integridad de una persona o el objeto del delito pueda desaparecer.
“Sólo mencionar los tipos de delito no es suficiente”, dijo Zaldívar.
Los otros tres ministros que apoyan la ley pero piden ponerle límites son Juan Silva Meza, presidente de la SCJN, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Fernando Franco.
Hasta ahora, los cuatro ministros que respaldan el proyecto en sus términos son Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y la propia Luna Ramos.
Estos últimos consideran que la ley es una herramienta necesaria para combatir delitos graves como el secuestro y la extorsión, que aumentaron en el último año, y que no representa una violación a la intimidad, porque localizar un teléfono celular no conlleva la intervención de llamadas o de sus mensajes.
El secuestro y la extorsión son dos de los delitos de alto impacto que más han crecido en México en los últimos meses. De enero a noviembre de 2013 se denunciaron 1,583 casos, 32% más que el año anterior en todo el país. En tanto, con respecto a la extorsión, de enero a noviembre se registraron 7,441 denuncias, 11% más que en 2012.
En contraste, los tres ministros que están en contra son Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y José Ramón Cossío, para quienes la ley es inconstitucional porque viola el derecho humano a la privacidad.
“La norma es eminente y frontalmente inconstitucional por no contener los elementos para salvaguardar el derecho a la privacidad. (…) El punto de partida debe ser el derecho humano que protege la Constitución y no la facultad de investigación (de la PGR)”, dijo Cossío.
La ley de geolocalización data de 2012, cuando el Congreso mexicano reformó el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Esas reformas fueron impugnadas ante la SCJN por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que considera que la ley derivará en abusos contra ciudadanos.
Con información de CNN México
