Por Mauricio Torres
La Procuraduría General de la República (PGR), que recibió el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder solicitar, sin orden judicial previa, a las empresas de telefonía la ubicación en tiempo real de dispositivos celulares, deberá seguir algunos lineamientos a fin de que esa facultad no resulte arbitraria.
De acuerdo con la resolución emitida por el pleno del máximo tribunal del país, la llamada ley de geolocalización podrá utilizarse de la siguiente forma:
- En casos “excepcionales y urgentes”, tales como cuando esté en riesgo la vida o la integridad física de las víctimas del delito o cuando exista el riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito.
- La solicitud sólo procede en caso de que los equipos se encuentren relacionados con investigaciones de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.
- El Ministerio Público deberá ofrecer la fundamentación y motivación de las solicitudes que haga.
- Una vez que la PGR ha localizado el celular que busca e identifique a la persona que lo utiliza, podrá tomar otras acciones como parte de la investigación que lleva a cabo.
- La PGR no está facultada para intervenir las llamadas o los mensajes de un teléfono celular si un juez no lo autoriza previamente.
Pese a lo anterior, el abogado de la organización Propuesta Cívica, Jesús Robles Maloof, lamentó que la Suprema Corte diera prioridad a la seguridad pública sobre los derechos humanos.
“En mi opinión, la Corte ha sacrificado la garantía de los derechos por brindar herramientas que se supone harán más seguro (el país) y ayudarán a combatir la delincuencia. Pero creo que es un debate falso, primero porque la Constitución es muy clara. No entiendo cómo pueden dar vuelta a este principio de que las comunicaciones privadas son inviolables”, dijo.
Para Robles Maloof, además, el tema de la geolocalización de celulares volverá a discutirse pronto, cuando la Cámara de Diputados dictamine la propuesta de Código Nacional de Procedimientos Penales ya aprobada por el Senado.
En contraste, el colectivo Causa en Común consideró que la ley puede implicar intromisiones a la privacidad, pero se justifica porque su aplicación permitirá salvar víctimas de delitos graves.
“Cuando hay una víctima involucrada, lo que necesitas es rapidez. (…) Existen algunas afectaciones en la vida privada de la gente. Sin embargo, creo que como está la situación en México tenemos que ponderar la vida de las víctimas”, dijo María Elena Morera, presidenta de la organización.
El jueves el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló, con ocho votos a favor, la constitucionalidad de la llamada ley de geolocalización, que desde 2012 permite a la Procuraduría General de la República (PGR) ubicar teléfonos celulares relacionados con crímenes graves, sin necesidad de tener la orden de un juez.
Los ministros que votaron a favor fueron Margarita Luna Ramos, responsable del proyecto, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza, presidente de la SCJN.
Para ellos, la ley es constitucional y representa una medida indispensable para que la PGR persiga delitos graves como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.
Quienes votaron en contra fueron los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Sergio Valls, que consideran la ley violatoria de los derechos humanos.
Con información de CNN México
