El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales contribuirá a dar certidumbre jurídica al país, al homologar el sistema y los criterios que deben observar instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, consideraron especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, resaltó algunos aspectos del nuevo sistema, como la profesionalización de los jueces, Ministerios Públicos, policías, peritos, abogados y defensores, de acuerdo con un comunicado de la casa de estudios.
En contraste, Luis de la Barreda Solórzano, del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM (PUDH), estimó que la iniciativa no transformará por sí misma al sistema de justicia.
“Son otros los elementos que pueden contribuir al cambio, como la capacitación, prestaciones laborables justas, salarios y supervisión. El Código tiene gran importancia, es el marco de referencia en el cual debe actuarse, pero -por más bueno que sea- siempre será insuficiente para transformar un sistema de justicia penal tan lamentable como el que hemos padecido en México”, expuso el académico.
Por su parte, la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal (SETEC) de la Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Fromow Rangel, señaló que la reforma es integral e impacta a 67 estructuras de justicia penal que reúnen a por lo menos un millón de operadores jurídicos, tanto públicos como privados.
De igual forma, el especialista de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Marco Antonio Díaz de León Sagaón, consideró que con el nuevo Código se evitarán las contradicciones en todo el país.
