Ley sobre derechos de los menores avanza en el Senado

La norma indica que deberán crearse procuradurías para proteger a niños y adolescentes
-El Pleno del Senado de la República aprobó la reforma al IFAI
 -El Pleno del Senado de la República aprobó la reforma al IFAI  (Foto: Redacción)

Por Mauricio Torres

El Senado avaló una nueva ley sobre derechos de los menores que incluye la creación de procuradurías para proteger a ese sector de la población, y obligar a las autoridades a realizar y evaluar programas con políticas públicas en la materia.

La norma quedó avalada en lo general por unanimidad —con 100 de 128 votos posibles— y en lo particular, con 80 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones.

Durante el análisis del documento, las bancadas acordaron hacer modificaciones de los artículos, bajo el argumento de que así se fortalecería el texto y se le daría un enfoque de derechos humanos, en vez de uno asistencial.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los menores tendrán como mínimo 19 derechos, y que las autoridades de los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— estarán obligadas a respetar y proteger la integridad de los involucrados.

Entre los derechos se encuentran los referentes a la vida, igualdad sustantiva, a no ser discriminados, a la salud, educación, intimidad, esparcimiento, libre expresión y al debido proceso judicial.

Otro punto clave de la ley es el establecimiento de un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que será responsable de elaborar un programa nacional con políticas públicas en la materia, y de generar un sistema de información para conocer la situación de los menores y la efectividad de las acciones de la autoridad.

Se prevé que el nuevo organismo esté integrado por tres bloques: el gobierno federal —con el presidente a la cabeza—, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal, y los titulares de tres órganos autónomos, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Por otra parte, el documento fija sanciones para quienes violen los derechos de menores. Por ejemplo, si un funcionario evita reportar un abuso, lo tolere o lo propicie, o de que un psicólogo o trabajador social intervenga indebidamente en un proceso de adopción, se le multará con hasta 100,000 pesos.

Además, si un medio de comunicación difunde imágenes de un menor o una entrevista sin tener autorización de sus tutores, la multa será de 200,000 a 2 millones de pesos.

En todos los casos, la sanción se elevaría al doble si hay reincidencia.

Tras el aval del Senado, la ley fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis. El órgano legislativo tiene otro plazo máximo de 30 días, y si aprueba el documento sin cambios, lo remitirá al presidente Peña Nieto para su promulgación.

Con información de CNN México