México (Notimex).- Las nuevas reglas en materia de despachos de cobranza que publicó recientemente la Condusef son acertadas, pues en México sólo 5% de los más de 1,000 despachos de este tipo posee un código de ética, en tanto que los demás incurren en abusos contra los deudores.
Miembros de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob) consideran que “en este medio hay muchos despachos que siguen abusando de la gente”, dijo Ricardo Acosta, socio fundador de la empresa Consorcio Jurídico.
Los bufetes que integran la Apcob están regulados y tienen códigos de ética, representan entre el 70 y el 80% de la cobranza en México, mientras que el resto es atendido por despachos que pueden incurrir en prácticas inadecuadas, precisó.
Por su parte, Bruno Payán, director del Grupo de Administración de Bienes y Servicios, dijo que fuera de la Apcob puede haber quienes incurran en actos inusuales, por lo que bancos o instituciones crediticias deben analizar bien qué despacho contratan.
El uso de la tecnología también apoya la eficiencia y las mejores prácticas en la cobranza, como ejemplo se encuentra el Infonavit, que puso en marcha un tipo de gestión de cobranza móvil, que fue hecha en México por la firma BlueMessaging, que recibió apoyo del Conacyt.
A su vez Jesús Aranda, de LEGAXXI, consideró que si bien el sector ha realizado una autorregulación, las nuevas reglas coadyuvarán a una mayor profesionalización y consolidación.
Las nuevas reglas obligan a los gestores a identificarse plenamente ante el deudor; dirigirse de manera respetuosa; y comunicarse o presentarse entre las 07:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas.
También se deben usar números de teléfono que permitan su identificación; no amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda.
Además no pueden realizarse gestiones de cobro a terceros; no enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales con amenazas de embargo y/o pegar cartelones o anuncios que hagan público el impago de los acreditados, entre otras disposiciones.
