México (Notimex).- A 18 meses de su entrada en vigor, la nueva Ley de Amparo requiere ser reformada, al menos así lo consideran miembros de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país (Conatrib), colectivo que propone que los cambios fijen el tiempo suficiente para que se cumplan las sentencias de este recurso de control constitucional.
De igual forma, plantean modificaciones para que la autoridad esté en posibilidad de cumplir con la orden judicial respectiva, dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar.
El también presidente de la Conatrib explicó que en concreto sugerirán que “para responder el informe justificado, las autoridades judiciales tengan el mismo plazo que establece la norma que regula el acto reclamado para la emisión del acto mismo”.
Elías Azar sostuvo que la nueva Ley de Amparo es un gran paso adelante pero aún es perfectible y mejorable, por lo que la Conatrib propondrá cambios en un aspecto que –en su opinión- ha sido un verdadero desorden en el país.
El titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) señaló que nunca es tarde para aprender a confiar en la capacidad de las autoridades jurisdiccionales de las entidades del país, además de que pidió entender que los impartidores de justicia locales no son subordinados, sino pares de sus homólogos federales.
Reconoció que la nueva ley en materia de amparo comparte con otras reformas la intención de cambiar la realidad social y jurídica de México en forma tangible, y no simbólica, así como poner al país a la vanguardia de las instituciones jurídicas protectoras de los derechos humanos.
Esta ley tiene avances, como el establecimiento del interés legítimo, en contraposición al interés jurídico tradicional, con lo que se amplió el espectro de protección de los derechos humanos.
También contiene la declaratoria general de inconstitucionalidad, que resuelve la paradoja de reconocer la invalidez de una norma y su permanencia dentro del orden jurídico vigente, y la modificación del concepto de autoridad responsable, que permite controlar poderes fácticos, añadió.
